La Fundación Ocoa de Pie, Inc. se solidarizó con la lucha que está librando la fundación hermana Mundo Verde para que se detenga la extracción indiscriminada de agregados que está llevando a cabo la Compañía J.M.,  S.A en la cuenca del río Nizao, a la altura del municipio de Rancho Arriba, San José de Ocoa.

Esta compañía está operando de manera ilegal, violentando lo estipulado en el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el visto bueno del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),  emitido el 5 de noviembre 2024, válido por noventa días, de manera que este venció el mes de febrero pasado por lo que tiene más de dos meses extrayendo agregados de manera ilegal, contraviniendo los postulados de la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales.

«Nuestra Fundación no se explica por cual razón un magistrado de la Cámara  Civil , Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocoa declaró inadmisible la Acción de Amparo incoada por la Fundación Mundo Verde con la que se pretendía que se paralizara el crimen ecológico que se está cometiendo en el río Nizao, alegando que la referida compañía operaba en el marco de la Ley, cuando en realidad, J.M., S.A., está violando los términos del permiso otorgado por 90 días, en fecha  5 de noviembre de 2024, firmado por Paíno Hernández, Ministro de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que perimió en febrero pasado. La Suprema Corte de Justicia deberá investigar las razones de esta sentencia ya que el juez debió revisar el contenido del contrato presentado por los abogados actuantes, antes de emitir su fallo», señala la entidad en un comunicado.

Agrega que, tomando en consideración el valor estratégico que tiene el río Nizao para la República Dominicana y la necesidad extrema de su conservación, no se entiende como dos instituciones cuya misión sagrada es velar por la supervivencia de esta invaluable fuente fluvial, estén otorgando permisos de extracción de agregados sin ningún criterio de supervisión, dejando las empresas explotar de manera inmisericorde un recurso del pueblo dominicano.

La Fundación considera que una compañía que viola un permiso otorgado de buena fe, debe ser colocada en una lista roja por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y no volver a darle nuevos contratos ni en Rancho Arriba ni en ninguna otra parte del país.