Santiago. Los ecocidios no cesan en la República Dominicana. En un nuevo caso alarmante para la comunidad ambiental, se ha denunciado la tala masiva de 620 pinos criollos en la comunidad de El Carrizal, perteneciente al municipio de Restauración, lo cual amenaza con destruir una importante área verde y comprometer el suministro de agua en la región.

Isidro Pérez Vargas, reconocido ambientalista, ha alzado la voz contra esta medida. En su denuncia, Pérez Vargas explicó que los árboles, algunos con más de 60 años de existencia, se encuentran en una zona vital para el suministro de agua, ya que de allí nacen entre seis y ocho arroyos que abastecen a la comunidad. La aprobación para la tala fue otorgada a un individuo identificado como Rafael Avelino Torres, generando controversia por las posibles consecuencias ecológicas de esta acción.

“La corta de estos pinos criollos sería un daño ambiental y ecológico terrible para la zona”, afirmó Pérez Vargas. La comunidad local y diversos grupos ambientalistas temen que la deforestación de esta área pueda provocar la pérdida de biodiversidad, alteraciones en el clima local y la disminución de la calidad del aire y del agua.

Este caso se suma a una preocupante serie de ecocidios en la República Dominicana. En San José de las Matas, el empresario Fernando Capellán ha denunciado la deforestación en la cuenca del río Inoa, que pone en peligro su existencia. La ganadería de montaña está afectando gravemente la producción de agua en esta área protegida.

Simultáneamente, en Puerto Plata, los representantes de asociaciones de protección ambiental han señalado los daños en la comunidad de Veralarga, ubicada en una zona de humedal y manglares cerca del río Yasica. Los manglares, esenciales para el equilibrio ecológico, están siendo destruidos a pesar de las prohibiciones legales.

El permiso de tala, facilitado por el Ministerio de Medio Ambiente, pone en duda la efectividad de las políticas de conservación en el país. Aunque existen leyes ambientales que deberían proteger estos recursos naturales, la falta de aplicación rigurosa y la concesión de permisos cuestionables han permitido que situaciones como esta se repitan en diversas regiones.

Los activistas hacen un llamado a las autoridades para que reconsideren la autorización y tomen medidas más estrictas para proteger las áreas boscosas y acuíferas del país. “Nosotros, como ambientalistas, no debemos quedarnos de brazos cruzados ni con la boca cerrada”, enfatizó Pérez Vargas, destacando la importancia de la movilización y la denuncia pública para detener el avance de estos ecocidios.

La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones ambientales tienen un papel crucial en la vigilancia y la denuncia de estos hechos, promoviendo soluciones sostenibles y exigiendo responsabilidades a quienes permiten la destrucción del entorno natural. La protección del medio ambiente es una tarea conjunta que requiere el compromiso y la acción de todos los sectores de la sociedad.

Este caso en Loma de Cabrera es un recordatorio urgente de la necesidad de reforzar las medidas de protección ambiental en la República Dominicana, asegurando un futuro sostenible y saludable para las generaciones venideras.