La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechazó la propuesta del senador Julito Fulcar de “delimitar” los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas para “dejar” familias asentadas dentro del área protegida.

Indicó que esta iniciativa es “técnica y jurídicamente improcedente y ambientalmente lesiva: abriría la puerta a la reducción de un área protegida y a la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, un precedente devastador para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)”.

La Comisión Ambiental señaló que las razones de la oposición a la propuesta se deben a la existencia de la Ley 64-00 y la Ley 202-04, que establecen límites, categoría de manejo y reglas de uso.

“No faltan normas, falta cumplimiento”, resaltó en un comunicado.

Además, alegó que “las áreas del Sinap no pueden ser reducidas ni mutiladas”.

“Redelimitar para excluir ocupaciones premia la ilegalidad”, puntualizó.

La Comisión explicó que las dunas son barrera natural frente a tormentas y erosión, área para el estudio científico de procesos y especies peculiares, hábitat y zona clave de recarga hídrica; la arena terrígena es finita a escala humana.

Asimismo, señaló que la propuesta de Fulcar vulnera el principio de «no regresión ambiental», por lo que no se puede intervenir “linderos ya definidos”.

Aseguró que apoyar esa iniciativa es “premiar la infracción”, ya que envía la señal de que la invasión y la extracción ilícita pueden ser recompensadas con legalización.

Señaló, además, que el problema real es la ausencia de control, el incumplimiento del plan de manejo, el clientelismo político y empresarial y la falta de régimen de consecuencias.

Por lo que aseguró que “ajustar” bordes abre pérdidas sucesivas con impactos geomorfológicos, ecológicos y sociales acumulativos.

Denuncia de la situación actual

La Comisión Ambiental aseguró que la extracción ilícita de arena con daño geomorfológico irreversible y cadena de transporte‑venta‑uso en construcción estaba protegida por complicidad o inacción de las autoridades.

Además, su «delimitación» implicaría las construcciones ilegales dentro del área y presión política para “regularizarlas”.

Así como también la “tala, quema y alambradas que privatizan de facto un bien público y pretenden generar ‘derechos’ inexistentes”.

Además del turismo no regulado, lo que se traduciría en la presencia de vehículos 4×4, deslizamientos por crestas, depósitos y acumulación de basura y ausencia de gestión de visitantes.

Y por consiguiente, “anuncio de soluciones irreales, minimización del problema, falta de presencia y sanciones ejemplares”.

Exigencias y propuestas concretas

Por esto, sugieren el “retiro y archivo de cualquier iniciativa que altere linderos o cambie la categoría del área y respeto estricto al principio de irreductibilidad”.

Además, de la “ejecución inmediata y vinculante del Plan de Manejo, como la zonificación, cupos, protocolos de visita y restauración”.

Así como también proponen la vigilancia interinstitucional permanente de Medio Ambiente, SENPA, Armada y comunidades organizadas, patrullaje por 24 horas y siete días a la semana por tierra y mar, torres de observación y garitas; guardaparques suficientes con equipos y logística.

Y exigen la persecución penal y administrativa a toda la cadena de extractores, transportistas, puntos de venta y constructoras, beneficiarios del cobro de “peaje” en las instituciones con trazabilidad obligatoria de agregados.

Propuso además la “relocalización ordenada de ocupaciones dentro del Monumento conforme a derecho; en casos que apliquen, justiprecio y adquisición pública, con enfoque social y ambiental.

La Comisión Ambiental llama a evitar premiar a «violadores y sus padrinos» con reconocimiento de “derechos” adquiridos irreales.

Exigen también la “demarcación perimetral que impida nuevas invasiones hacia las zonas de amortiguamiento y el núcleo del área protegida”.

Así como la implementación de “senderos elevados, torres de observación, centro de visitantes, guías certificados, prohibición estricta de 4×4 y deslizamientos por crestas”.

Además de la formación de un consejo con representación genuina y beneficio local directo a cambio de corresponsabilidad en vigilancia y mantenimiento.

Y piden una auditoría integral de permisos, obras y actuaciones pasadas y presentes; publicación trimestral de vigilancia, sanciones y avances del plan.

Y finalmente, proponen la creación de un programa de restauración ecológica para la estabilización de laderas, revegetación con nativas y cierre‑recuperación de huellas de extracción y pistas ilegales.

Llamado a la ciudadanía

La Comisión Ambiental de la UASD hizo un llamado a la sociedad dominicana: academia, iglesias, gremios, cooperativas, asociaciones comunitarias, sector privado responsable, medios, juventudes y diáspora, a una alerta cívica permanente para defender las Dunas de Baní.

“Exigimos a las autoridades el respeto a la irreductibilidad del SINAP; llamamos a integrar brigadas de vigilancia comunitaria y redes de denuncia; a respaldar el comanejo y la economía local basada en conservación y a rechazar y perseguir la compra y venta de arena y agregados sin trazabilidad legal”.

Agregó: “Las Dunas de las Calderas no se negocian. Son patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana. Alterarlas o reducirlas sería una renuncia de Estado”.