La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo advirtieron sobre un mecanismo de fraude que involucra miles de millones de pesos contra el Estado, y con ello al patrimonio de toda la ciudadanía, mediante reclamos sospechosos ante los tribunales del pago de múltiples indemnizaciones por la supuesta expropiación de terrenos en áreas protegidas.

La Coalición explicó, durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que en la actualidad, empresas y personas particulares están reclamando la propiedad de al menos el 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, mediante “demandas en justiprecio” sobre terrenos que realmente son propiedad del Estado.

“Es decir que, mediante maniobras jurídicas cuestionables pretenden el cobro de indemnizaciones reclamadas al Estado dominicano por la supuesta expropiación de un inmueble, en este caso, ante la declaratoria de un área protegida”, indicaron.

Los alegados propietarios de siete porciones de terreno de más de 184 millones de metros cuadrados, amparados en la razón social “DC International SRL” y su representante Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, reclaman un pago del Estado por miles de millones de pesos.

Sostuvieron los miembros de la Coalición que aunque la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (núm. 202-04) contempla la justa compensación de propietarios legítimos previos a su declaratoria de utilidad pública, en esta modalidad que involucra a escandalosas cifras de miles de millones de pesos, los reclamos se están haciendo sobre porciones de terreno sin un derecho de propiedad depurado.

Al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales, encausando al Estado dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.

La coalición lamentó el hecho de que los demandantes ya han obtenido al menos dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): una por 590 millones de pesos (núm. 0030 04- 2023-SSEN-00088, dictada el 16 de febrero de 2023) y otra por 676 millones de pesos (núm. 0030-02 2023 SSEN-00343, dictada el 30 de junio de 2023).

La Coalición decidió tomar acción en el tema ante la sospecha de que estas sentencias han sido obtenidas a base documentación de procedencia cuestionable y de que los jueces del tribunal actuante cometieron inobservancias elementales, como el hecho de que las leyes ambientales son muy claras sobre los procesos de expropiación cuando se trata de terrenos en áreas protegidas.

“Algunas agrupaciones miembros de nuestra Coalición han decido recurrir en tercería ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de impedir que el Estado dominicano resulte estafado por cifras tan escandalosas, lo cual sentaría un precedente funesto y una jurisprudencia que podría poner en riesgo una buena parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Señaló que tiene constancia de que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio Público, a través de diligencias de la propia Procuraduría General de la República, han encaminado las acciones legales necesarias para enfrentar este monumental intento de estafa.

“Sin embargo entendemos oportuno y necesario que tanto estas instituciones como los organismos de control del sistema de justicia, profundicen la investigación y de encontrar indicios de irregularidades procesen penalmente a los responsables de este esquema, presumiblemente mafioso, que ya tiene varios precedentes en el pasado reciente y que necesariamente deberían llevar a la sanciones penales que disponga la Ley”, indicaron los denunciantes.

Recordó que uno de los involucrados intentó conseguir el pago por parte del Estado dominicano en el año 2009 por supuestos derechos adquiridos en el Parque Nacional Cotubanamá, lo cual fue debidamente rechazado por los jueces actuantes en aquella oportunidad, quienes anularon saneamientos irregulares realizados en el referido Parque.

Se recuerda que han habido casos muy sonoros en los que se ha logrado obtener títulos indemnizaciones de forma irregular, como por ejemplo, pagos realizados a supuestos propietarios en el Parque Cotubanamá, uno de los cuales está incluido en el caso denominado operación Calamar, que se debate en los tribunales de la República. Igual que la forma sorprendente de cómo algunos han logrado violar los controles registrales, obteniendo títulos sobre millones de metros de terreno en la zona conocida como Bucanyé-Pedernales, que también es área protegida y estos hechos aún no han sido esclarecidos.

La Coalición reclama y confía en que la Jurisdicción Inmobiliaria ponga freno de una vez por todas a la forma escandalosa en que se violentan y vulneran los obligatorios bloqueos registrales que impone la Ley sobre aquellos territorios que han sido declarados Áreas Protegidas y que por tanto los convierten en inalienables e intransferibles.

Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta nota la firman: La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation Agency, la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaikía Ambiente, la Sociedad Ecológica del Cibao.