La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas envió una carta pública al nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, en la que expone sus preocupaciones por situaciones que afectan severamente la protección y gestión del medio ambiente.

A continuación, compartimos la misiva publicada por la Coalición dirigida al Ministro de Medio Ambiente:

Estimado ministro,

Desde la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas tenemos a bien saludarle muy cortésmente, al tiempo  que externamos nuestra profunda preocupación ante diversas situaciones que afectan severamente la protección y gestión del medio ambiente. Estas situaciones inciden sobre las áreas protegidas, los ríos y sus cuencas, los bosques, la biodiversidad y la institucionalidad del propio Ministerio que dirige.

En el caso de las áreas protegidas (principal área de acción y de experiencia de las instituciones que integramos la coalición), nos preocupan mucho las deficiencias de todo tipo que está sufriendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en su conjunto. Estas van desde fallos en el pago y contratación del personal de protección y vigilancia, a la pobre o inexistente infraestructura mínima, hasta las carencias extremas en los temas de transportación, entre otras.

También lamentamos la pobre inversión en el SINAP, aún cuando está la posibilidad de reinvertir los recursos generados por las propias áreas en su gestión. 

Todo esto ocurre al tiempo que continúa la invasión de terrenos y ocupaciones ilícitas dentro de los límites de las áreas protegidas.

Debemos recordar que del SINAP depende el bienestar del país, ya que en él están las principales áreas captadoras de agua, que proporcionan el recurso a todo el territorio nacional, así como áreas que constituyen la principal respuesta que tenemos a la mano para la mitigación y la adaptación al cambio climático (especialmente frente a los efectos de tormentas y sequías extremas), y, por supuesto, territorios que son el último refugio de nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio natural único de importancia global.

Como resultado de todas estas situaciones, la desesperanza y desmotivación impactan muy negativamente la operatividad cotidiana de las áreas protegidas.

Las causas del desorden son múltiples y, dependiendo con quien se converse a lo interno del Ministerio, se podrían tener versiones contradictorias o afines sobre ellas. En cualquier caso, las amenazas y desafíos relativos al SINAP fueron puestos en conocimiento del fenecido ministro Orlando Jorge Mera y del viceministro de Áreas Protegidas en reiteradas ocasiones por varios de los miembros de la coalición, tanto individualmente como en reuniones colectivas. 

La respuesta recibida una y otra vez fue «que eso se está resolviendo» o “ya está resuelto”. Reconocemos que ambos siempre se mostraron muy dispuestos a escuchar nuestros reclamos, sin embargo, a casi dos años de gestión, seguimos presenciando y recibiendo reportes muy penosos y preocupantes procedentes de prácticamente todo el país.

En el caso del personal operativo, lejos de normalizarse como se prometió tras el cambio de gobierno, hoy día hay menos guardaparques “nombrados” que al inicio de la gestión, en tanto que los llamados “nominales” o “de brigadas” se han incrementado de forma considerable, manteniendo al mismo tiempo salarios demasiado bajos para las responsabilidades y condiciones a las que deben enfrentarse los encargados de proteger nuestro patrimonio más importante.

Sean cuales fueren las causas de ello, es un tema que amerita atención urgente. También llama la atención que se designen como encargadas, supervisoras, administradoras y asesoras a personas con poca o ninguna preparación, u otras con conflictos de intereses declarados con el propio sistema, dado su historial en promover la ocupación ilegal, compensaciones económicas a infractores y opacidad en la distribución de dichas compensaciones.

Con respecto a la inversión en infraestructura, logística, combustible, medios de transporte y otros equipos esenciales, aún cuando el monto presupuestado era claramente insuficiente, la ejecución presupuestaria (planificado vs ejecutado) ha rayado en lo ridículo en el tiempo que lleva esta gestión.

Es en ese contexto que no deja de sorprendernos que se hayan gestionado cientos de millones de pesos para el pago a presuntos ocupantes del Parque Nacional de Valle Nuevo, desalojados a partir de 2016.

Estos pagos se están realizando mediante un proceso opaco, donde no se visibiliza una depuración apropiada de aquellos que pudieran tener “derechos adquiridos” de otros que abiertamente expoliaron, explotaron y se beneficiaron de actividades agrícolas en terrenos dentro del área protegida, con pleno conocimiento de que sus actividades no tenían sustento legal.

El precedente no sólo es lamentable, sino que con el mismo se acaban de poner aún más distantes los procesos de rescate de otras áreas, como la vertiente sur de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Los Haitises y otras, vista la descomunal inversión que conlleva realizarlo en condiciones similares a las establecidas para Valle Nuevo norte.

Por otro lado, en cuanto a las zonas de mayor captación de agua de nuestros ríos y acuíferos (la mayoría de las cuales se encuentran en áreas protegidas o eliminadas del SINAP, como el caso del parque Manolo Tavárez Justo), las amenazas prioritarias identificadas son la destrucción de bosques de montaña para el aprovechamiento de su madera o para sustituirlos por agricultura o ganadería, la degradación de cauces ribereños por extracción insostenible de agregados, la erosión de suelos, la disminución del caudal, la mala calidad del agua, la construcción de presas innecesarias  (por ejemplo los casos de Guayubín y Las Placetas), así como el secuestro de agua para aprovechamiento por parte de particulares.

En lo referente a las amenazas a los bosques y el resto de la biodiversidad, se hace urgente responder a la mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales (y sus condiciones de manejo), la extracción no regulada/insostenible de recursos forestales (ej. canelilla, guaconejo, ébano, pinos, etc) y una serie de desarrollos o proyectos de alto impacto que carecen de un buen análisis de alternativas y/o medidas de mitigación, como es el caso del desarrollo turístico de Pedernales, el cual será objeto de una comunicación detallada a parte. 

Por último, nos preocupa la propia institucionalidad del Ministerio, amenazada actualmente por conflictos internos, irregularidades en todo el sistema de evaluación, emisión y supervisión de la permisología, así como la falta, debilidad e incluso complicidad frente a sanciones aplicadas a ilícitos, pésima coordinación con los organismos de control, como el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, y la débil intersectorialidad en muchas de las acciones emprendidas por otros organismos del Estado. 

Entendemos que para superar estos desafíos es imprescindible la transparencia hacia las organizaciones de la sociedad civil. En caso de que así lo considere, debe saber que cuenta con nuestra plena disposición de apoyar técnica y humanamente en la mejora y fortalecimiento institucional del SINAP y en aquellos aspectos de la gestión en los que pudiéramos ser de ayuda.

Nos permitimos adjuntar una tabla que detalla de manera resumida las principales amenazas y estrategias propuestas, incluyendo metas específicas para cada una, como base para el desarrollo de una “hoja de ruta” para el rescate del medio ambiente de la crisis en que se encuentra.

Agradeciendo de antemano su atención, con sinceros sentimientos de consideración y estima, se despide,

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, la Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI),   la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cúa Conservation, Guakia Ambiente, la Fundación Vega Real  y el Grupo Jaragua.