La marcha atrás con la ley que autoriza zonas aptas para la megaminería y el llamado a una consulta popular que la desestime o convalide son los elementos que se conjugan en el nuevo escenario ganado por las protestas populares diseminadas desde el jueves en las principales ciudades de Chubut. La mayoría de los reclamos fueron de forma pacífica. Pero en Rawson la bronca por la instalación de un mega proyecto minero metalífero asumió el viernes frente a la gobernación la forma de un choque violento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad provinciales. El saldo de varios heridos de bala atendidos en el hospital local, detenidos, incendio de edificios públicos y destrozos en las calles, evocaron la tragedia social del 2001. Y configuraron el detonante que obligó al gobernador Mariano Arcioni a suspender la ley. E incluso a firmar un decreto que insta a derogarla y que puede ser tratado este mismo martes en la Legislatura.    

Así, mientras el pueblo chubutense persiste en su reclamo, con dos cortes de ruta y con avales de amplios sectores sociales, incluso el eclesiástico –luego de la represión desatada–, Arcioni anunció que se suspende la ley de zonificación minera votada el miércoles en la legislatura. Al mismo tiempo, el gobernador, quien antes de asumir, en 2017, prometió cumplir con la decisión popular asamblearia de no abrir las puertas a la megaminera, llamó a un plebiscito que confirme o rectifique la propuesta de zonificar la provincia con este fin y garantizar, según sostiene, trabajo genuino a los chubutenses.  

Los asambleístas en alerta 

La consulta popular podría concretarse en los próximos 180 días. Y aunque Arcioni en su cuenta de Twitter detalló que busca “abrir un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”, las asambleas ambientalistas que nacieron en 2003 en la provincia mantienen su guardia: hay un corte en el acceso a Trelew por la Ruta nacional 3, y otro sobre la cordillerana Ruta 40. Los promueve la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) que junto a otras organizaciones sociales conforman la Multisectorial contra la megaminería y el ajuste. “Se impide el paso de la carrocería pesada, y hasta que no se produzca la derogación y se trate la Iniciativa Popular presentada el año pasado, no se quiere levantar” explica desde Trelew la abogada Mariela Flores Torres.

“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días –salió al cruce Arcioni– y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad. La oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, detalló en su red social. Y agregó: “Mientras tanto, hemos decidido: Derogar la ley, e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo”.

La decisión gubernamental se conoció este lunes al mediodía. Cinco días después de que se aprobara la megaminería en dos departamentos de la meseta chubutense (con epicentro en las localidades de Gastre y Telsen). El proyecto ingresó entre gallos y medianoche –de lo contrario perdía estado parlamentario—, y logró ser aprobado por 14 votos a favor contra 11 negativos. Ante la reacción popular, varios distritos que a través de sus legisladores habían dado su aprobación, comenzaron a retirarse de escena. Entre ellos el vicegobernador y presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, y su hermano mellizo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hicieron pública la decisión de exigir dar de baja la polémica ley. También desde Comodoro Rivadavia, el intendente del Frente de Todos, Juan Pablo Luque, se manifestó por derogarla. En tanto, la Multisectorial sostiene dos importantes cortes bajo la consigna: “Suspensión no, derogación sí”.

En el acceso norte a la ciudad de Trelew, las asambleas, las organizaciones sociales y los vecinos autoconvocados, reunidos en esta Multisectorial, reclaman que se haga efectivo el pedido constituido en la Iniciativa Popular que logró reunir 30.900 firmas contra el proyecto minero. Y piden que se derogue la propuesta de zonificación. Temen que la «suspensión» signifique solo «una maniobra distractoria», apoyada mediáticamente. 

Entre los proyectos que esperan al acecho concretar la explotación minera en la meseta, el más avanzado estima una inversión de 1.200 millones de dólares, en veinte años. Esto incluye dos años previstos para la construcción de la mina, y su logística de extracción industrial y funcionamiento, más dieciocho años de vida útil del yacimiento. 

La modalidad asamblearia se impone con fuerza en Chubut desde 2003. Se inició en la cordillera articulando demandas ambientales de diversos grupos sociales. Y desembocó en la Ley 5.001 (hoy Ley XVII Nº68) que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la provincia. Pero su articulado prevé admitirla en algunas zonas: la meseta, ubicada en la planicie central de la provincia queda así en el foco de la actual discusión. Según los estudios relevados, allí se encuentra uno de los yacimientos de plata sin explotar más importantes del mundo. Y la iniciativa oficial que provocó la pueblada autoriza ahí la minería metalífera química.

Quienes conocen los vaivenes del gobierno provincial sostienen que seguramente entre el ruido de los tambores de los manifestantes que continúan en los cortes y el consenso social que los ampara, se haya gestado la nueva propuesta que con fecha «lunes 20 de diciembre», el ejecutivo envió a la Legislatura: se trata de un proyecto de ley “mediante el cual se impulsa la derogación de la Ley Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable promulgada por decreto 1285/2021”.

Dado que este martes la legislatura debe volver a sesionar, se estima que podría quedar sin efecto la norma que declara “de interés provincial el aprovechamiento de los recursos mineros metalíferos y el desarrollo de la actividad minera sustentable” según la zonificación que estable la ley. “Ante los eventos” de los últimos días, concluye el texto, se propone la derogación de la norma y «se deja asentada la voluntad de las autoridades provinciales de seguir generando espacios de diálogo”.

Iniciativa popular 

Diversos sectores sociales se agrupan en el reclamo contra la explotación minera en la meseta chubutense. Y no son solo los asambleístas ambientalistas que en 2003 impusieron un límite legislativo a la modalidad. “Hay pescadores, hay productores agropecuarios de los valles, hay docentes, muchos se acercan solidariamente” explica Mariela Flores Torre a Página/12. Y piden que sea tratada en la legislatura la Iniciativa Popular constituida contra la explotación minera.

El mecanismo se realizó durante la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. “A pesar del aislamiento se juntaron 30.900 firmas, y el 24 de noviembre del 2020 tuvo ingreso parlamentario en la Legislatura –detalla la abogada–, pero en mayo fue cajoneada. Era el proyecto 129/20. Y cuando había que tratarlo, la semana pasada, procedieron con el proyecto de zonificación de Arcioni, que era el proyecto 128/20”.