El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, declararon esta mañana que el acuerdo firmado en el Palacio Nacional, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Coalición Para las Áreas Protegidas, es un acto de campaña que busca encubrir las violaciones a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la múltiples agresiones en contra de las áreas protegidas del país que ha cometido el presente Gobierno.

Afirmaron que la suscripción de este acuerdo es a la vez un acto de cinismo por parte de las autoridades y una traición a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales de parte de las organizaciones que lo firmaron.

“Jamás ninguna organización ambientalista debió haber firmado este acuerdo mientras permanezca en Los Negros de Azua la barcaza turca Karadeniz Powership que genera con combustibles fósiles y contaminantes 188 megavatios de electricidad, en un área protegida declarada como “Refugio de vida silvestre”, señalaron.

Manifestaron que este Gobierno ha cometido crímenes contra las áreas protegidas como ha sido la venta de terrenos en el área protegida de Bucán Ye de Pedernales, la licencia ambiental otorgada para establecer un astillero en la reserva de vida silvestre de la bahía de Luperón y la depredación contra el área protegida Laguna de Saladillo donde se talaron más de seis mil metros de manglares y se rellenaron los humedales.

Dijeron que es inaudito que organizaciones ambientales avalen a un Gobierno que desconoce sistemáticamente el derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano, con tal de generar electricidad como lo ha demostrado en Punta Catalina y con las barcazas estacionadas en el Ozama y en Los Negros de Azua.

Hicieron un llamado a las organizaciones ambientalistas que cometieron el error de firmar el acuerdo con el Gobierno de manera incondicional y pasando por alto las violaciones a la Ley Ambiental que éste ha cometido, a que rompan de inmediato con este acuerdo.

“Si los compañeros que han firmado este acuerdo quieren conservar su credibilidad y su prestigio como defensores de los derechos ambientales están obligados a denunciar este acuerdo como lo estamos haciendo nosotros”, emplazaron.