El día mundial del ambiente nos encuentra con muchas estructuras, Administradores y Guardaparques abandonados a su suerte.

Diversas organizaciones ambientalistas han denunciado “el estado de calamidad” en que se encuentran muchas áreas protegidas del país: Parques Nacionales, Reservas Científicas, Refugios de Vida Silvestre y Monumentos Naturales entre otras categorías de protección, donde muchos puestos de control, Administradores y Guardaparques están abandonados a su suerte.

Según las organizaciones, daría la impresión de que a pesar de la voluntad del Presidente Abinader, que incluso creó el Parque Nacional Loma Siete Picos y otras áreas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está pasando por uno de los momentos más críticos de su historia, pues la gestión del Ministerio de Medio Ambiente se ha limitado a soluciones cosméticas o mediáticas y no de fondo, ante las graves amenazas que acechan el más importante patrimonio natural del país.

Esta apreciación de los ambientalistas se basa en que estas importantes unidades de conservación, que ya venían en franco deterioro desde la anterior gestión de Ángel Estévez, han continuado una tendencia hacia el empeoramiento que resulta más que evidente, frente al estrangulamiento operativo y financiero que se refleja por ejemplo en Guardaparques con pagos atrasados por varios meses, en la cancelación de casi la mitad del personal de protección y vigilancia, el asedio contra administradores por presiones políticas y de otro tipo, así como la falta de recursos logísticos elementales como combustible, medios movilidad e insumos de trabajo.

Desde octubre de 2020, gran parte del personal entrenado y competente de las áreas protegidas ha sido cancelado alegando su condición de “empleados por nominillas”, quienes estaban supuestos a ser evaluados y quienes calificaran iban a pasar a «nóminas formales», algo que no ha ocurrido año y medio después, permaneciendo mediana o totalmente desprotegidas las áreas bajo su competencia. En cambio, se ha vuelto a recurrir a las mismas nominillas, a veces designando personal sin ningún criterio técnico, ni preparación, atendiendo a presiones políticas en cada provincia.

Más grave aún, la ola de cancelaciones en “una supuesta depuración”, se ha llevado de encuentro a servidores con 15 y 20 años en el sistema; esto se suma al hecho de que en algunos casos los Administradores más comprometidos se han visto precisados a recurrir al uso de sus propios recursos, ayudas de terceros y deudas personales, para poder cumplir con su trabajo: sofocar incendios, comprar combustible y hasta reparar vehículos, temas que forman parte de la cotidianidad en sus funciones.

Mientras esto ocurre, en otras áreas protegidas se ha removido hasta el 100% del personal existente. De ese modo han continuado la tala de árboles, vandalización de casetas, incendios provocados y toda una serie de delitos que se siguen cometiendo aprovechando la vulnerabilidad en el sistema.

Aunque la situación ha sido puesta en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, estos han reiterado una y otra vez “que eso se está resolviendo”, sin embargo, los reportes que llegan de todo el país es que “debido a supuestos conflictos internos en la actual gestión”, no se han podido ejecutar las mejoras la mayoría de las instalaciones, que aún permanecen casetas abandonadas por desmotivación y falta del personal, en tanto que una buena parte de los que se mantienen activos se sienten “abandonados a su suerte” desarmados, sin insumos para trabajar y subsistiendo a duras penas.

Las áreas más afectadas son los Parques Nacionales Sierra de Bahoruco, Jaragua, Los Haitises, Armando Bermúdez, Sierra de Neiba, Nalga de Maco, Sierra Martín García, Cotubanamá y José del Carmen Ramírez, también los monumentos naturales Isabel de Torres, Padre Miguel Domingo Fuertes, Salto Grande (Comate y Comatillo) y las Reservas Científicas Loma Guaconejo, Las Neblinas y Dicayagua. Además, los Refugios de Vida Silvestre, Lagunas Redonda y Limón, Laguna Saladilla, entre otros.

Al tiempo de reiterar su plena disposición de apoyar esfuerzos sinceros y creíbles que procuren el fortalecimiento institucional del sistema de áreas protegidas, llamaron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente a dejar de lado sus diferencias internas, unificar criterios de trabajo y prestar atención urgente a este tema, que pone en alto riesgo el control sobre la continua incursión de depredadores que asedian los valiosos recursos naturales.

Los ambientalistas le recuerdan al Ministerio de Medio Ambiente, que este tiene no sólo el mandato legal, sino también el deber político y moral de preservar a perpetuidad el Patrimonio Natural Protegido que se ha puesto bajo su responsabilidad, por tratarse de la herencia natural de todos los dominicanos y la única oportunidad para garantizar recursos indispensables para la supervivencia en la isla y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, firman:

Academia de Ciencias de la República Dominicana
Comisión Ambiental de la UASD
Fundación Moscoso Puello
Fundación Acción Verde, Inc.
Sociedad Ecológica del CIbao (SOECI)
Cúa Conservation
INSAPROMA
Fundación Vega Real
Grupo Jaragua