La escenificación este lunes del acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones de la Iglesia entre 1998 y 2015 significa el carpetazo a un escándalo mayúsculo, único en el mundo: la apropiación, sin haber tenido que demostrar ningún título de propiedad, de cientos de miles de bienes repartidos por toda España al amparo de una norma franquista, reforzada durante el gobierno de José María Aznar. 

Así lo cree la Coordinadora Recuperando, que aglutina a una treintena de asociaciones que vienen luchando desde hace lustros por la devolución de las propiedades que los obispados españoles se han adjudicado para sí, con la firma del obispo como único aval de que esa propiedad ha pertenecido a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Esta coordinadora tilda de «apaño» inasumible el pacto entre Gobierno y Conferencia Episcopal y alerta de la letra pequeña que esconde el acuerdo: la legalización de todo lo que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1946, estimado en unos 100.000 bienes, en virtud de la reforma de la Ley Hipotecaria, con la que Franco quiso compensar a la Iglesia Católica por su apoyo durante la guerra civil. 

«La letra pequeña que no han contado ni Pedro Sánchez ni el cardenal Omeya [presidente de la Conferencia Episcopal] tras su reunión es que el 80% del patrimonio histórico del Estado se queda en manos de la Iglesia Católica. Esa es la noticia que debería valorar la opinión pública», explica Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Recuperando y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.

Se regularizan 34.000 bienes

El acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal anunciado este lunes contempla la devolución de unos mil bienes inscritos erróneamente por la Iglesia como suyos. Pero también supone que otros 34.000 inmatriculados entre 1998 y 2015 sean considerados legalmente como bienes de la Iglesia, sin posibilidad de reversión. «Con este pacto se ha perpetrado el mayor escándalo inmobiliario de la historia consentido por el gobierno más progresista de la historia», dice el profesor con cierta ironía.

Desde la Asociación Europa Laica, muy decepcionada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, también ponen el foco en el «incumplimiento» de una de las promesas del Gobierno. «Uno de los compromisos del gobierno de coalición fue poner en marcha las medidas legislativas necesarias para revertir las inmatriculaciones –explica Juanjo Picó, presidente de Europa Laica— y lo que ha hecho es negociar que la Iglesia devuelva mil bienes de 35.000 registrados entre 1998 y 2015 y cerrar la puerta a revisar los 100.000 bienes de los que se apropió desde 1946″. 

Un regalo de Franco

El dictador otorgó a la Iglesia una potestad que hasta entonces sólo tenía la Administración Pública: la de certificar la propiedad de cualquier inmueble sin necesitar un título de propiedad, como puede ser el de herencia, compra o donación, a través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, desarrollada en el Reglamento Hipotecario de 1947. La inmatriculación de un bien es el acto por el que es inscrito por primera vez en el Registro de la Propiedad. El único impedimento con el que se topó la voracidad inmobiliaria de la Iglesia durante el franquismo fue con la prohibición de inmatricular templos dedicados al culto católico, porque entonces estaban considerados de servicio público. 

Ese veto se rompió en 1998 cuando Aznar reformó la ley para que las iglesias pudieran ser inscritas también en el Registro de la Propiedad. Y entonces los obispados españoles escudriñaron hasta el más recóndito rincón de sus dominios para poner a su nombre cualquier templo y ermita por pequeña que fuera. En 2006 el Cabildo Catedralicio de Córdoba inscribió por primera vez la Mezquita de Córdoba. Lo mismo pasó con miles de iglesias y catedrales, como la de Burgos. El inventario es inmenso porque la mayoría de los ayuntamiento no habían pasado por el Registro de la Propiedad, dando por sentado que aquellos bienes que habían construido con sus fondos o que mantenían con los impuestos de los contribuyentes pertenecían a sus municipios. Este privilegio del que se han valido los obispos españoles se acabó en 2015 con la reforma de la ley y la exclusión de la Iglesia como beneficiaria del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. 

«Hay que recordar que las inmatriculaciones de la Iglesia se hicieron a escondidas de los ayuntamientos», dice Antonio Manuel Rodríguez, que revela un dato importante: «En Córdoba, cuando saltó el escándalo sobre la Mezquita, fuimos dando, en un goteo interminable, los datos de otros bienes apropiados. Hasta que el alcalde, que era del PP, pidió la lista de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba. Había 150, pero en la lista del Gobierno sobre los bienes entre 1998 y 2015 sólo aparecen 33. Es decir, hay muchísimos bienes que la Iglesia va a salvar gracias a este pacto».

Un privilegio anticonstitucional

Según el portavoz de la Coordinadora Recuperando, el Gobierno ha puesto el foco en 1998, «por señalar a Aznar, pero en realidad la lista debería ser desde al menos 1978, cuando con la Constitución se tendría que entender por derogado ese artículo 206 de la Ley Hipotecaria con el que la Iglesia ha cometido esos desmanes». Insiste Antonio Manuel Rodríguez en que «todas las inmatriculaciones de la Iglesia a partir de 1978 sin contar con un título de propiedad deben ser consideradas ilegales y ser anuladas». 

El Gobierno valora que al menos mil de los 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia mediante este privilegio desde 1998 regresen a sus legítimos propietarios. «La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos», consta en un comunicado del Gobierno. La Conferencia Episcopal ha colgado en su web el informe que ha remitido al Ejecutivo donde constan esas mil propiedades erróneamente inscritas a nombre de los obispados y que pertenecen a otros titulares. 

La Coordinadora Recuperando considera muy revelador que entre la lista de los casi mil bienes que la Iglesia no asume como suyos pese a que los inmatriculó haya 179 templos, la mayoría ermitas. «Está reconociendo que porque sean templos no tienen por qué ser de la Iglesia», dice el portavoz de la entidad.

Por otro lado, la plataforma ciudadana ‘Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s‘ ha destacado ese martes en una rueda de prensa que es «un disparate» que la Mezquita siga en manos de la Iglesia y ha anunciado que «la plataforma seguirá luchando hasta que se consiga el marco legislativo en el que se sitúe a la Mezquita de Córdoba como dominio público, fuera del mercado», y con «la seguridad de que jamás será controlada por ninguna institución que no sea el pueblo», ha dicho su portavoz, Miguel Santiago.