El debate sobre la idoneidad de que un país tenga muchos o pocos empleados públicos sigue siendo uno de los principales que rodean a la Administración. Más allá de zanjar esa cuestión aquí, lo cierto es que cada país suele adaptar esta situación a sus capacidades económicas, técnicas o incluso a sus voluntades políticas. En la Unión Europea, por ejemplo, nos encontramos con que el país que mayor proporción de empleados públicos tiene —Letonia— dentro de su fuerza laboral casi triplica al que menos —Países Bajos—.

Una aclaración que conviene hacer es que el concepto de empleados públicos no equivale al de funcionario. El primero reúne a todas aquellas personas que trabajan contratadas por la Administración Pública de un país, sea de forma eventual o indefinida; el segundo es un término más específico, ya que, salvo excepciones, los funcionarios gozan de un trabajo ganado mediante una convocatoria pública y que, salvo renuncia o sanción grave, es de por vida.

La creación de un cuerpo profesional de la Administración Pública —una burocracia, para que nos entendamos— fue un proceso paralelo al desarrollo de los Estados modernos en Europa, especialmente en los siglos XIX y XX. A medida que la estructura del Estado se iba haciendo más compleja, se necesitaba más personal para integrarla y con una formación específica para hacerlo de manera eficiente y profesional. Así se fueron integrando multitud de profesiones a lo que un Estado podía requerir, desde ingenieros a juristas. El desarrollo del estado de bienestar en Europa durante el siglo XX amplió todavía más este concepto y ensanchó la base de personas trabajando para el Estado al incluirse, en muchos casos, al personal educativo y sanitario.

No existe una correlación muy fuerte que apoye que a más o a menos personal público, mejor o peor funciona un país. Cada modelo tiene puntos a favor y en contra. Por un lado, una amplia proporción de empleados públicos supone un fuerte desembolso para las arcas del Estado, pero a su vez genera, con un adecuado sistema tributario, una recaudación elevada para el propio Estado, que recupera una parte importante del salario de los empleados públicos. De igual manera, una proporción alta de empleados con nómina estatal también genera un efecto estabilizador sobre el mercado en su conjunto, incluyendo el laboral. Al existir muchos consumidores con unos ingresos estables —y con cierto poder adquisitivo—, consigue trasladar esa estabilidad al mercado, que sufre menos los vaivenes económicos. Sin embargo, esta cuestión también tiene su crítica: a menudo se argumenta que, precisamente por garantizar esa estabilidad laboral y económica a largo plazo, el Estado quita mano de obra cualificada —y por tanto muy productiva— al sector privado, que tiene que hacer un esfuerzo extra para retener ese talento. Culturalmente esto también tiene su importancia: integrarse en la Administración Pública a menudo se concibe como un valor refugio en tiempos de incertidumbre económica.

Con todo, al final se trata de una cuestión de política y correcta gestión. Una de las principales características de los países nórdicos y de su modelo de bienestar es precisamente la alta proporción de empleados públicos, y es un sistema que funciona bien. Por el contrario, los países mediterráneos parece que tienden a adelgazar sus sistemas de personal público, aunque existan casos, como el español, donde, a pesar de haber a nivel relativo poco personal, sistemas como el sanitario mantienen unos elevados estándares de calidad.