El Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) y Acción Empresarial por la Educación (Educa) manifestaron su preocupación por las denuncias y cuestionamientos al proceso de aprobación de nuevos libros de texto en el sistema público de educación.

Mediante una carta dirigida al ministro de Educación, Ángel Hernández, el vicepresidente del Conep, César Dargam y la presidente de Educa, Maria Waleska Alvarez, hicieron un llamado a cumplir con el debido proceso establecido en la Ordenanza 26-2017.

Dargam y Waleska Alvarez sostuvieron que preocupa que el proceso de aprobación de 67 nuevos títulos de libros de texto en español esté siendo llevado a cabo de manera apresurada y con presunción de no seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza 26-2017.

«Llaman nuestra atención las inquietudes planteadas por el grupo de empresas editoras. Esta situación genera incertidumbre sobre la idoneidad de los materiales educativos seleccionados y podrían tener un impacto negativo en la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes», indica el comunicado.

Ambas entidades señalaron que, en vista de las observaciones realizadas y con el objetivo de garantizar la transparencia y calidad del proceso de aprobación de libros de texto en el sistema público de educación, solicitan a las autoridades pertinentes, especialmente al Consejo Nacional de Educación presidido
por Hernández, para llevar a cabo una revisión exhaustiva de este proceso.

«Instamos a que se incluya la participación de expertos independientes y se publique la información relevante relacionada con la evaluación y selección de los nuevos materiales educativos», expusieron.

Denuncia

Esta tarde, la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd) hizo un llamado al Consejo Nacional de Educación (CNE) para detener la aprobación y adquisición de nuevos libros de texto en el sistema público, al considerar que la ordenanza es ilegal.

La entidad incluyó en su llamado una intimación al organismo superior del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para el cumplimiento de consulta pública de los proyectos de normas administrativas exigidos por las leyes 167-21, 107-13 y 200-04.

La decisión de la Industria fue dada a conocer en una rueda de prensa ofrecida por su presidente, Pablo Cuello, quien expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en este proceso.