El Gobierno tiene un plan para evitar la destrucción masiva de tejido productivo tras la crisis económica provocada por la pandemia y la hoja de ruta pasa por reconvertir compañías mercantiles que estén atravesando dificultades en otro tipo de fórmulas empresariales gestionadas por los propios trabajadores. Así se recoge en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, en concreto, en el denominado ‘componente 23’ -es como llaman a la reforma laboral en el argot comunitario- que ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La maniobra de Díaz aparece reflejada en el marco de lo que ha bautizado como el ‘plan integral de impulso a la economía social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible’. Aquí se incluye un programa específico que busca favorecer la generación y el mantenimiento del empleo en empresas que, siendo económicamente viables, estén atravesando dificultades financieras debido a la crisis y se encuentren al borde de la quiebra, o bien estén en riesgo de desaparecer por jubilación sin relevo generacional, mediante su conversión en fórmulas empresariales de economía social, como pueden ser las cooperativas o las sociedades laborales, que son gestionadas por los trabajadores y socios.

El plan no es baladí. La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social muestra que en España hay en estos momentos (con datos de marzo) 1.275.175 compañías activas, 50.000 menos de las que había en febrero de 2020, antes de la irrupción de la pandemia de la Covid-19. Si bien el tejido productivo se ha ido recuperando paulatinamente desde el punto más bajo de la crisis, cuando el número de empresas cayó a 1,23 millones (en abril de 2020), si se amplía el foco a tiempos de bonanza, la destrucción de tejido empresarial se eleva por encima de las 70.000 compañías, habida cuenta de que en el año 2018 se rozaron los 1,35 millones de empresas inscritas.

El Gobierno busca frenar esta sangría, que además se ha agravado en el primer trimestre de este año (desde diciembre de 2020 han desaparecido otras 20.000 empresas), mediante la reconversión a fórmulas empresariales que dejan las compañías en manos de los trabajadores. El objetivo es evitar a toda costa una pérdida mayor de tejido productivo y para ello ha diseñado un programa específico dentro del perímetro de la economía social, donde encajan las actividades económicas y empresariales que llevan a cabo en el ámbito privado determinadas entidades que se basan en principios como la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la participación democrática y la solidaridad interna, a grandes rasgos.

No en vano, la economía social es uno de los pilares clave del Plan de Recuperación que está evaluando Bruselas para dar acceso a España a los fondos europeos Next Generation EU. Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacaba durante la clausura de la XXIX Asamblea General de CEPES (la Confederación Empresarial Española de la Economía Social) que «la economía social es un actor clave y decisivo en la transformación social y económica de España y Europa» y que «el futuro pasa por los liderazgos compartidos y cooperativos». Por su parte, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, hacía hincapié en la labor que viene realizando la economía social de salvar empresas en riesgo de cierre o de jubilación, transformándolas en cooperativas o sociedades laborales, «un modelo que ha dado excelentes resultados en España, Francia e Italia».

El programa que figura en el Plan de Recuperación del Gobierno consta de distintas acciones para convertir empresas en dificultades en fórmulas empresariales de la economía social. Desde la información sobre el proceso de transmisión de empresa mercantil a cooperativa de trabajo o sociedad laboral, hasta el desarrollo de una aplicación informática que permita realizar un test diagnóstico. En este sentido, se incluye un análisis de la situación previa de la empresa, de la principal competencia y del sector y un estudio de viabilidad económica y financiera. También cuenta con asesoramiento para la formalización del acuerdo de compraventa, traspaso y/o transformación y para la puesta en marcha de la nueva empresa. Hay, asimismo, actuaciones dirigidas a la formación y empoderamiento de las personas implicadas en los procesos de transmisión y de apoyo a la gestión hacia la consolidación de la nueva realidad empresarial.

100 millones de los fondos europeos

Todo ello se incluye dentro de un programa más amplio de impulso a la economía social para el que el Ejecutivo estima un discreto presupuesto de 100 millones de euros que saldrán de los fondos europeos. En el año 2022 serán ejecutadas un 20% de las acciones, realizándose el 80% restante en el año 2023. Además del plan de transformación de empresas, contempla otro de creación y consolidación de entidades de economía social, uno de apoyo a la digitalización e impulso de plataformas digitales, otro de promoción, captación y formación de redes de cooperativas y sociedades laborales y uno adicional de impulso de las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas y de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la eventual fricción de este plan con otros fondos europeos, el Ejecutivo explica a las autoridades comunitarias que el conjunto de acciones que integran este plan de impulso a la economía social tienen «autonomía propia» y buscan «sembrar, desde lo local, arraigando territorio y empleo de calidad, con especial atención a los colectivos más vulnerables». «Esta identidad propia elimina posibles dobles financiaciones, pues estas acciones están dirigidas a beneficiarios distintos de aquellos a los que se dirige el Fondo Social Europeo con el Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social y, dada su finalidad de generar y regenerar tejido compuesto de pequeñas y medianas empresas, contará con modelos de colaboración público-privada alternativos a los habituales, en cuyo marco se desarrollarán actuaciones que no son cofinanciadas por otros fondos y programas europeos», afirma el documento.