Las elecciones del 2024 en la República Dominicana ya han terminado, y con ellas surge una nueva camada de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Este término, esencial en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción, se refiere a aquellos individuos que ocupan o han ocupado funciones públicas destacadas, así como a sus familiares directos.

Los cargos elegidos en los niveles municipal, congresual y presidencial totalizan 4,107 personas, y con un círculo familiar de alrededor 7 miembros por persona, los nuevos PEPs  serían alrededor de más de 28,749 personas, algunos ya vigentes y otros nuevos.

En el nivel municipal, se eligieron 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores y 1,164 suplentes de regidores. Además, se escogieron 235 directores distritales, 235 subdirectores y 735 vocales, sumando un total de 3,849 cargos.

En el nivel congresual, el electorado eligió 32 senadores, 178 diputados, 5 diputados nacionales, 7 diputados del exterior y 40 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que da un subtotal de 264 cargos.

A nivel presidencial el electorado validó la permanecía en el cargo del presidente y la vicepresidente de la República.

Las entidades bancarias dominicanas se enfrentan a un nuevo desafío cada vez más complejo en el cumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo: la identificación precisa de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Estas figuras, que incluyen políticos, funcionarios gubernamentales de alto rango, líderes militares y judiciales, entre otros, presentan un riesgo inherente debido a su potencial para influir o controlar el uso indebido de fondos públicos. Sin embargo, distinguirlas de los clientes comunes puede ser una tarea ardua y delicada para los bancos.

Para mitigar los riesgos asociados a las PEPs, es crucial que se implementen y refuercen medidas de control y transparencia.

El término «Persona Políticamente Expuesta» fue acuñado por primera vez en el marco de la Convención Anticorrupción de la OCDE en 1997. Desde entonces, ha sido adoptado en regulaciones financieras internacionales, incluyendo la Cuarta Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales (AML) y las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estas regulaciones imponen a los bancos la obligación de identificar, monitorear y reportar cualquier transacción financiera asociada con PEPs, con el objetivo de prevenir el uso indebido de fondos, y las mismas están contempladas en Ley 155-17 Contra el Lavado de Activo y Financiamiento al Terrorismo en nuestro país.

Los PEPs son de particular interés en el ámbito financiero y regulatorio debido al potencial riesgo de involucrarse en actividades de corrupción o lavado de dinero. Las instituciones financieras y otras entidades están obligadas a realizar una debida diligencia ampliada sobre las PEPs para detectar y prevenir actividades ilícitas. Esta responsabilidad se extiende también a los familiares ascendentes y descendentes de estas personas, ampliando considerablemente el círculo de vigilancia.

Con los resultados de las elecciones de 2024, todos los nuevos funcionarios electos, desde el presidente hasta los vocales distritales, junto con sus familiares, entran en la categoría de PEPs. Esto supone un desafío significativo para las instituciones encargadas de monitorear y regular las actividades financieras, ya que deberán adaptarse rápidamente para incluir a estas nuevas figuras y sus familiares en sus sistemas de control.

Sin embargo, la identificación precisa de las PEPs plantea varios desafíos. En primer lugar, la definición misma de una PEP, persisten dificultades para que los sujetos obligados comprendan quienes son y quienes no son PEPs, lo que dificulta la creación de criterios uniformes, y esto a pesar de que la Ley 155-17, y la Superintendencia de Bancos en su instructivo de aplicación lo definen muy claro.

Las entidades bancarias no cuentan con acceso a una base de datos para consultar en la Junta Central Electoral quienes fueron los nuevos funcionarios elegidos, ni tampoco en la Cámara de Cuentas de quienes son las personas que están obligadas a realizar declaraciones juradas, ni tampoco tienen acceso a una base de datos en el Ministerio de Relaciones Exteriores que les permita identificar los embajadores, cónsules y familiares nombrados por los países amigos en nuestro país

Otro obstáculo significativo es la falta de transparencia en la divulgación de la condición de PEP por parte de los propios clientes. A menudo, las PEPs pueden tratar de ocultar su estatus o proporcionar información incompleta, lo que dificulta aún más la tarea de los bancos de identificarlas de manera precisa.

En el caso de las bases de datos consultas externas, las mismas están plagadas de falsos positivos, es decir, personas que no califican como PEPs, conforme a los criterios de la Ley 155-17, muchas veces inducidos por empresas que suelen a través del uso de inteligencia artificial, análisis de datos y técnicas de minería de texto identificar potenciales personas políticamente expuestas y vender estas consultas a las entidades bancarias.

En respuesta a estos desafíos, los bancos han recurrido a una combinación de tecnología avanzada y procedimientos mejorados de debida diligencia, sin embargo, la identificación errónea de una PEP puede resultar en consecuencias graves para los clientes y para la reputación del banco, mientras que la falta de detección puede exponer a la entidad bancaria a riesgos legales y financieros significativos, y a sanciones nacionales e internacionales por parte de la banca corresponsal.

Para mitigar los riesgos asociados a las PEPs, es crucial que se implementen y refuercen medidas de control y transparencia. Estas incluyen la creación de registros públicos de PEPs, el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera, y la cooperación internacional para el intercambio de información, para lo cual la Unidad de Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana pudieran realizar un gran trabajo a favor de que los bancos tengan un control estricto de las personas que son políticamente expuestas.

Finalmente, las elecciones del 2024 no solo representan una renovación del liderazgo político en la República Dominicana, sino también un desafío adicional para las áreas de las entidades bancarias encargadas de prevenir la corrupción y el lavado de dinero.

La inclusión de una nueva generación de PEPs y sus familiares en el ámbito de la vigilancia financiera requerirá una adaptación rápida y efectiva de las medidas de control existentes. Solo a través de un enfoque robusto y transparente se podrá asegurar que el ejercicio del poder público se realice de manera ética y conforme a la ley, fortaleciendo así la confianza pública en las instituciones democráticas del país.