El Reglamento sobre Riesgo Operacional aprobado por la Junta Monetaria en su quinta resolución de fecha 2 de abril del 2009, define éste como “la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la falta de adecuación o a fallos de los procesos internos, personas o sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos. Incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y reputacional”.

El riesgo operacional es inherente a todas las actividades bancarias, productos financieros, sistemas y procesos, y su origen puede ser muy variado tales como: fraudes internos, fraudes o robos externos, debilidades tecnológicas, recursos humanos y deficiencias en la ejecución de procesos.

Los eventos de riesgo son incidentes que ocurren en un lugar particular durante un periodo de tiempo determinado y que tienen consecuencias económicas negativas para las entidades bancarias. La diferencia principal entre un evento y un riesgo, es que mientras el riesgo es el planteamiento hipotético de un peligro, el evento es la materialización del mismo.

Conforme a las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos durante el año 2021, las entidades bancarias registraron pérdidas económicas netas ascedente a RD$1,235.93 millones pesos, un incremento de un 64.5% con relación a diciembre del 2020, equivalente a RD$484.68 millones pesos.

La tendencia de crecimiento de las pérdidas económicas netas para las entidades bancarias se sigue acentuando e incrementando para el año 2022, conforme a las cifras publicadas por órgano supervisor, a marzo del 2022, las mismas ascienden a RD$360.05 millones, un incremento de un 55.08% con relación al primer trimestre del 2021, equivalente a un monto de RD$127.88 millones de pesos.

Cabe señalar que la evidencia empírica revela que el incremento de estas pérdidas económicas netas están asociadas a fraudes o robos externos, así como a fraudes y deficiencias internas que les realizan a las entidades bancarias, por lo que debe llamar la atención del Consejo de Administración y de la Alta Gerencia de la entidad.

De hecho, el Reglamento de Riesgo Operacional en su artículo 6, asigna la responsabilidad al Consejo de Administración de la entidad de intermediación financiera de aprobar las políticas y procedimientos idóneos que le permita una adecuada administración del riesgo operacional a que está expuesta dicha entidad, y de velar por su cumplimiento y la Alta Gerencia es la responsable de su aplicación.

Con relación a las cifras de pérdidas económicas netas acumuladas a diciembre 2021, el 91.6%, equivalente a RD$1,132.26 millones corresponden a los Bancos Múltiples; el 7.5%, equivalente a RD$92.17 millones a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y el resto del 0.9% a los Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de créditos.

Si bien es cierto, estos montos no son significativos si se comparan con el margen financiero bruto, que apenas representa el 1.03%, son montos materiales importantes en pérdidas económicas, cuando se habla de RD$1,500.00 millones en pérdidas, que es la tendencia que terminaría en el año 2022, se infiere que existen serías debilidades en cuanto a riesgo operacional.

Es importante resaltar, que muchas entidades bancarias han fortalecido sus líneas de defensas en cuanto a la administración de riesgo operacional, sin embargo, otras aún permanecen sin entender la importancia de la gestión de este riesgo.

Es tanto así que el 17 noviembre 2021, la Superintendencia de Bancos mediante la Carta Circular SB Núm. 014/21, les señala a las entidades bancarias que ha realizado revisiones al reporte “RO02- Eventos de pérdida” de riesgo operacional, detectando deficiencias en la calidad de las informaciones remitidas, las cuales no cumplen con lo requerido en el Manual de Requerimientos de Información.

El órgano supervisor hace la advertencia que en el registro y reporte de eventos de pérdida por riesgo operacional no se permite agrupar eventos que individualmente alcanzan el monto mínimo a reportar según el patrimonio técnico de la entidad, aunque estos sean de similar naturaleza y/o se produzcan en el mismo mes.

En ese sentido, desde esta columna la Banca Dominicana Por Dentro, les sugerimos a los miembros del Consejos de Administración solicitar a la Alta Gerencia la presentación periódicamente de un informe, que revelen y donden se informen, de la cantidad de reclamaciones de los clientes; las sanciones administrativas aplicadas a la entidad; los litigios legales en los tribunales; los fraudes internos, externos, así como los robos; los errores y fallos internos cometidos por los empleados; las interrupciones en los sistemas de la entidad; los retrasos recurrentes en la remisión de los requerimientos de información a la Superintendencia de Bancos; los informes de auditoría que revelen o infieran debilidades en los hallazgos auditados; un mapeo de las intervenciones manuales o procesos manuales que se realizan en la entidad bancaria.

El manejo de las informaciones mencionadas pueden alertar sobre los problemas que existen en la entidad y los riesgos operacionales que pueden afectar la reputación y la sostenibilidad a mediano plazo de la entidad de intermediación financiera.

En cuanto a las recomendaciones a la Superintendencia de Bancos, revisar y actualizar la normativa de Riesgo Operacional que data desde hace trece años; inspeccionar la calidad de la data remitida por las entidades bancarias al órgano supervisor durante el año 2022; mejorar la identificación de los riegos operacionales; revelar y publicar en detalles los eventos de pérdidas económicas de las entidades bancarias de manera individual; planificar una supervisión especial en los eventos de pérdidas que sean materiales y recurrentes en las entidades bancarias; estimar y publicar el requerimiento de capital por riesgo operacional de las entidades de intermediación financiera conforme al Método Estándar establecido en Basilea II.

Finalmente, visto como han aumentado las pérdidas económicas en las entidades bancarias, la Superintendencia de Bancos debería exigir a los bancos sea cual sea su tamaño, que mantengan un marco eficaz para identificar, evaluar, seguir y controlar o mitigar sus riesgos operacionales.