El llamado a una nueva reforma fiscal ha sido el tema de boga por muchos economistas, gremios empresariales, personas de diferentes medios de comunicaciones, entre otros, con la peculiaridad de que algunos confunden una reforma fiscal con una reforma tributaria.

Una reforma fiscal y una reforma tributaria, aunque a menudo se usan de manera intercambiable, tienen diferencias específicas en su alcance y enfoque.

La Reforma Fiscal tiene un alcance más amplio, incluye no solo aspectos tributarios, sino también la administración del gasto público, la política de endeudamiento, la eficiencia en la recaudación, y la estructura y funcionamiento del sistema fiscal en su totalidad. Su objetivo es mejorar la sostenibilidad fiscal del Estado, optimizar la asignación de recursos, y asegurar la estabilidad económica y financiera del país.

En cambio, la Reforma Tributaria se centra exclusivamente en los aspectos relacionados con la imposición de impuestos, tales como la modificación de tasas impositivas, la creación o eliminación de impuestos, la ampliación de la base tributaria, y la mejora en los mecanismos de recaudación. Su objetivo es aumentar la recaudación fiscal, hacer el sistema tributario más equitativo, reducir la evasión y elusión fiscal, y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos.

Visto ambos conceptos una Reforma Fiscal abarca una revisión integral más amplia, que incluye mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos tributarios, mejorar la calidad del gasto del gobierno, suprimir instituciones del Estado redundantes, revisar y focalizar los subsidios otorgados por el gobierno, reducir las exenciones fiscales a sectores como zonas francas y turismo, ponerle tope a la política de endeudamiento del gobierno, atraer a  la formalidad y pago de impuesto a más del 85% por ciento de las MiPymes que operan en la informalidad,  mejorar el cobro de los impuestos a un grupo de empresa que están bajo la sombrilla de la formalidad, pero que la evasión y elusión de impuestos es una práctica recurrente y normal, entre otras acciones.

Primero, es necesario abordar la eficiencia del gasto público. Se deben revisar todos los programas y proyectos gubernamentales para eliminar aquellos que son ineficientes o innecesarios.

La necesidad de más ingresos no siempre es la solución adecuada. En vez de gravar más a la ciudadanía y a las empresas, es imperativo que el gobierno adopte una gestión eficiente de los recursos existentes y aprenda a gobernar ajustando su propio cinturón.

La situación fiscal de muchos países, incluido el nuestro, es compleja. Los déficits presupuestarios y la deuda pública son desafíos constantes. No obstante, la recaudación de más impuestos no garantiza una solución sostenible. De hecho, un aumento en la carga fiscal puede estrangular el crecimiento económico, reducir la inversión y aumentar el desempleo. Por ello, la clave no está en obtener más ingresos, sino en gestionar mejor los recursos disponibles.

Primero, es necesario abordar la eficiencia del gasto público. Se deben revisar todos los programas y proyectos gubernamentales para eliminar aquellos que son ineficientes o innecesarios. La duplicación de funciones entre diferentes dependencias gubernamentales es un ejemplo claro de despilfarro que debe ser erradicado. Además, la implementación de mejores prácticas de auditoría y transparencia puede garantizar que cada peso gastado por el gobierno realmente contribuya al bienestar de la sociedad.

Segundo, es crucial es la reestructuración del sistema de subsidios. Muchos subsidios actualmente vigentes benefician a sectores que no lo necesitan o que no generan un retorno social adecuado. Es imperativo realizar una revisión exhaustiva para redirigir estos recursos hacia programas que realmente necesiten apoyo y que tengan un impacto positivo comprobado en la economía y el bienestar social.

Tercero, se hace imperativa la revisión exhaustiva de las exenciones fiscales otorgadas a sectores estratégicos como las zonas francas y el turismo. Estos sectores, aunque vitales para la economía nacional por su contribución a la generación de empleo y divisas, también representan una significativa pérdida de ingresos fiscales que el Estado podría utilizar para fortalecer otros sectores igualmente importantes, como la educación, la salud y la infraestructura. Es crucial evaluar el impacto real de estas exenciones y considerar ajustes que permitan un balance entre fomentar la inversión y asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Un análisis detallado y transparente de estas exenciones permitirá identificar posibles áreas de mejora y asegurar que los incentivos fiscales se alineen con los objetivos de desarrollo económico y social a largo plazo.

Cuarto, el gobierno puede implementar una serie de estrategias para atraer a más del 85% de las pequeñas empresas que actualmente no pagan impuestos y lograr que comiencen a contribuir a la carga fiscal. Una de las claves es mantener y simplificar aún más el proceso tributario, creando un régimen de tributación verdaderamente simplificado y accesible que reduzca la carga administrativa para estas empresas. Además, se pueden ofrecer incentivos fiscales temporales, como tasas impositivas reducidas o exenciones parciales durante los primeros años de formalización.

Paralelamente, es fundamental intensificar las campañas de educación y concienciación sobre los beneficios de la formalización, destacando las ventajas de acceder a créditos y otros servicios financieros formales. Implementar un sistema de seguimiento y asistencia técnica personalizado también ayudaría a las pequeñas empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales de manera efectiva. A través de estas medidas, el gobierno no solo aumentará la base tributaria, sino que también fortalecerá el tejido empresarial del país, promoviendo un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

Quinto, el gobierno debería explorar la creación de nuevos impuestos dirigidos a sectores con alta rentabilidad que actualmente no contribuyen significativamente al erario público. Estos sectores, que incluyen la economía digital y comercio electrónico, han experimentado un crecimiento exponencial y cuentan con una capacidad contributiva considerable. La implementación de impuestos específicos sobre las transacciones digitales, ganancias de capital y servicios financieros de alta rentabilidad aseguraría que estos sectores aporten de manera justa al desarrollo del país. Además, se deben cerrar las brechas fiscales que permiten la evasión y elusión tributaria, garantizando que las grandes corporaciones y los individuos con altos ingresos paguen una proporción adecuada de impuestos. Estas medidas no solo incrementarán los recursos disponibles para financiar proyectos sociales y de infraestructura, sino que también promoverán una mayor equidad en el sistema tributario dominicano

El reciente respaldo del pueblo para la reelección del actual gobierno refleja un reconocimiento claro y contundente de su capacidad como buenos administradores de los recursos del Estado. La población ha valorado positivamente las políticas y medidas implementadas, destacando la gestión eficiente y transparente de los fondos públicos. Este voto de confianza, basado en la percepción de una administración responsable y efectiva, debe ser cuidadosamente considerado al sopesar la implementación de una reforma fiscal.

Es fundamental que cualquier cambio en la política tributaria no afecte significativamente al pueblo dominicano, cuya confianza ha sido depositada en un gobierno que se ha comprometido a utilizar los recursos del Estado para mejorar el bienestar general sin imponer cargas excesivas. La reforma fiscal debe ser equilibrada, justa y enfocada en mantener la estabilidad económica y social, asegurando que los beneficios de una buena administración continúen repercutiendo positivamente en la vida de todos los ciudadanos.