La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Gita Gopinath dictó recientemente una conferencia en Irlanda en la que alertó sobre el riesgo del estado actual de las finanzas públicas, tanto en países de economía avanzada como en las naciones en desarrollo. 

La prestigiosa economista destacó que la pandemia del Covid-19 y los choques en los precios internacionales de los combustibles y alimentos llevaron a los gobiernos a ejecutar políticas que elevaron significativamente la deuda pública global. Según sus estimaciones, la deuda pública se situó en 93 % del producto interno bruto (PIB) en 2023 y se prevé que podría acercarse al 100 % del PIB hacia finales de la década. 

Gopinath identifica diversos factores que deterioran el saldo de las finanzas públicas globales. La economía política que promueve un gasto público elevado es uno de ellos. Independientemente de si el partido gobernante es de izquierda o de derecha, se observa un sesgo hacia la ejecución de acciones que conllevan mayores gastos públicos.

El resultado de una política fiscal laxa es alarmante, pues eleva la prima de riesgo de la deuda pública y dificulta el pago oportuno de los intereses y la amortización del capital. En consecuencia, aumenta la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras.

Al mismo tiempo, existe una acentuada resistencia a la aplicación de medidas que incrementen los ingresos tributarios, lo cual deteriora el saldo de las finanzas públicas y acrecienta la deuda hasta niveles insostenibles. 

La subdirectora gerente del FMI advierte que es necesario evitar el optimismo histórico en la proyección de la deuda. La evidencia empírica demuestra que en el período 1990-2021 hubo una estimación del crecimiento del PIB superior a lo observado y, simultáneamente, se ejecutaron ajustes fiscales por una magnitud inferior a lo planificado. Afirma Gopinath: «Si la historia se repitiera, la deuda podría aumentar entre 8 y 11 puntos porcentuales del PIB por encima de las proyecciones de referencia en las economías europeas para 2030.» 

Un mayor crecimiento económico es esencial, ya que reduce la deuda pública como porcentaje del PIB, al mismo tiempo que mejora el nivel de vida de la población. Por eso es recomendable que los ajustes fiscales estén acordes con un aumento de la productividad y de la innovación y, por tanto, sean favorables a la expansión económica. 

La inversión pública provoca un efecto sobre el crecimiento económico mayor que el gasto corriente. En consecuencia, es preferible realizar el ajuste fiscal mediante la reducción del gasto menos productivo, como los subsidios y transferencias generalizadas, y mantener o incrementar la inversión pública, en especial la que es complementaria a la inversión privada. 

Por otro lado, la funcionaria del FMI recomienda la aplicación de reglas fiscales que ayuden a controlar el ritmo de expansión del gasto público, reduzcan la incertidumbre fiscal y fortalezcan la ejecución y calidad del gasto. Ese tipo de política evitaría la tendencia hacia un exceso de gasto que desemboque en un déficit insostenible.

Como apoyo a las reglas fiscales, se recomienda la puesta en marcha de consejos fiscales independientes que supervisen tanto la ejecución presupuestaria, como la gestión de la administración tributaria.

Además, es indispensable reducir el optimismo en los pronósticos macroeconómicos, principalmente la sobrestimación de la tasa de crecimiento del PIB. 

El FMI recomienda que los gobiernos involucren a la sociedad civil para que esta comprenda la importancia de la adopción de políticas que, aun cuando se perciban como ajustes dolorosos, resultan imprescindibles para asegurar una política fiscal sostenible. De la misma manera, Gopinath señala que la apropiación pública de las reformas fiscales requiere no solo de una estrategia eficiente de comunicación que convenza a los agentes económicos de su necesidad, sino también de «mecanismos que permitan a las partes interesadas contribuir al diseño de las reformas y de marcos institucionales sólidos que fomenten la confianza entre la población.» 

En la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader presentará una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de mejorar el saldo de las finanzas públicas y reducir la deuda como porcentaje del PIB. Dicha propuesta incluye medidas que elevarán las recaudaciones tributarias y otras que reducirán el gasto público como porcentaje del PIB. 

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, esbozó la semana pasada en la Cámara Americana de Comercio la filosofía de la reforma fiscal.

De acuerdo con el ministro, se requiere una reforma tanto para atender la demanda de servicios básicos de salud, seguridad y transporte público masivo como para evitar que la deuda pública consolidada, actualmente en 59.3 % del PIB, siga expandiéndose.

Respecto al gasto público, Jochi Vicente indicó que la República Dominicana tiene un nivel del 19.3 % del PIB, cifra que se compara desfavorablemente con el 27.8 % del PIB promedio de América Latina y el Caribe, con el agravante de que la carga de intereses del sector público no financiero representa un 23.4 % del total de los ingresos del gobierno.

El pago de intereses limita los recursos disponibles para la inversión pública en infraestructura, gasto que apenas se coloca en un 2.7 % del PIB y que, al ser un complemento de la inversión privada, es indispensable para que la economía dominicana pueda seguir mejorando su ritmo de crecimiento potencial.

En ese contexto, cabe destacar la importancia de elevar la inversión en las empresas distribuidoras de electricidad para que estas puedan reducir su déficit, equivalente a un 1.3 % del PIB. 

Por último, el ministro de Hacienda destacó los principios de la reforma fiscal. En general, todos los sectores y agentes económicos deberán cooperar, lo que implica una revisión integral del sistema de incentivos y exenciones fiscales.

De esa manera mejorará la equidad tributaria, tanto horizontal como vertical. La población más vulnerable será protegida mediante programas sociales que mitiguen el impacto impositivo.

Las autoridades se comprometen a enfrentar la elusión y, en especial, la evasión fiscal, cuyo monto estimado asciende al 4 % del PIB. Reducir la evasión es clave para garantizar que las empresas compitan en igualdad de condiciones y que los recursos productivos se distribuyan de manera justa y eficiente.