Los miembros de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio (Approamoli) se declararon en quiebra ante las grandes pérdidas económicas que, según dicen, han tenido en el último mes y medio debido a la inactividad comercial con Haití, su principal mercado.

Ambiorix Cabrera, presidente de la entidad, destaca que durante ese ciclo han dejado de comercializar con la vecina nación más de 50 millones de huevos, causando un exceso de oferta en el país y una acumulación de inventario en almacenes sin ninguna salida.

Asegura que la situación está causando pérdidas millonarias, además de que se están dañando los huevos por falta de compradores, «llevando a la quiebra a los más pequeños empresarios del sector».

A juicio de Cabrera, la situación por la que están atravesando «es la madre de todas las crisis» que han tenido los avicultores en muchos años.

El presidente de Aproamoli denunció que las autoridades han marginado a los pequeños y medianos productores, «solo llevando la mano amiga a los grandes empresarios».

«Nosotros necesitamos que el presidente nos escuche ya que somos los menos beneficiados con esta situación», exclamó.

Sugerencia

El presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio reiteró el llamado al gobierno dominicano para que les compre dos millones de gallinas ponedoras, para sacar del territorio nacional los huevos que se exportan hacia el país vecino.

Alertó que cerca de 10 mil empleos están corriendo peligro si no reciben el apoyo gubernamental.

Cabrera rogó encarecidamente una intervención inmediata del presidente Luis Abinader y los organismos correspondientes, para resolver la problemática que les afecta.

Quejas

Los afiliados a la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio consideran que la crisis actual en el sector avícola se debe a una mala decisión del gobierno central.

En ese sentido, externaron que las autoridades están obligadas a reparar el daño provocado a los productores.

«El artículo 1382 del Código Civil dice que todo aquel que por su imprudencia y negligencia le cause un daño a otro está obligado a repararlo, y el daño a nosotros lo hizo el Estado dominicano», señaló Pablo Pérez Fernández, miembro de Aproamoli.

Afirma que existen precedentes donde gobiernos han tenido que resarcir a los ciudadanos afectados por el cierre del comercio con Haití.