SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), Annerys Meléndez, señaló la burocracia del Ministerio de Medio Ambiente como la causante de que un proyecto habitacional se retrase hasta por seis meses, debido a la lentitud en la entrega de permisos para edificar en las ciudades principales.

Meléndez aseguró de que “los permisos medioambientales se conseguían en 15 días anteriormente”, por lo que llamó a las autoridades a subsanar la situación porque, asegura, esa mala gestión burocrática le cuesta a la economía RD$45,000 millones y 60,000 empleos al año.

Asimismo, la empresaria de la construcción, en una rueda de prensa en conjunto con la directiva de ACOPROVI, afirmó que de persistir el problema se puede ver afectado el crecimiento de la construcción y la disminución del déficit de vivienda, que se aproxima al millón 400,000 viviendas.

“A lo largo del último año, ACOPROVI ha realizado una serie de acercamientos con las autoridades competentes, con el fin de proponer soluciones a la ralentización de varios de los procesos de tramitación relacionados al sector, sin que se haya logrado un consenso específico al respecto”, declaró.

Los obstáculos burocráticos para la obtención de los permisos ambientales solicitados por el sector construcción de viviendas en el país, son motivo de preocupación para “los principales representantes del Sector Unido de la Construcción”, ya que los mismos retrasan el inicio de proyectos que “podrían hacer realidad el sueño de un hogar para miles de dominicanos”, manifestó Meléndez.

Al respecto, este colectivo resalta la urgente necesidad de resolver de manera concluyente los retrasos en estos procedimientos administrativos, y disponer de normativas adecuadas a las necesidades del sector, especialmente en lo concerniente a los plazos de tramitación de proyectos, manteniendo equilibrio entre la sostenibilidad y el crecimiento del sector.

“Nuestro objetivo es colaborar para asegurar que tanto el diseño como la ejecución de políticas sean beneficiosos para el objetivo compartido de la eficiencia en los procesos de tramitación y reducir los plazos para obtener autorizaciones ambientales; es decir, para agilizar los tiempos de respuesta en la tramitación de proyectos”, explicó la presidenta de ACOPROVI.

A su vez, analizó que la burocracia en el país impacta no solo al sector de construcción de viviendas, sino también a la competitividad del país, al clima de negocios, a las inversiones, por lo que, además, tiene un efecto negativo en el desarrollo económico y social de República Dominicana.

De su lado, Alejandro Fondeur, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), señaló que “los ciudadanos del país, las organizaciones y las empresas se enfrentan a procedimientos complejos, requisitos redundantes e innecesarios, extendidos tiempos de respuesta y pérdida de tiempo”.

Mientras que, el pasado 13 de mayo, la entidad envió una misiva a las autoridades solicitando formalmente una extensión del plazo de revisión y sometimiento de observaciones de la propuesta de Política de Gestión del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debido a que se habían identificado diferencias importantes en el reglamento originalmente revisado y la más reciente versión de la misma.