Los burós de crédito se erigen como figuras omnipresentes que determinan el destino crediticio de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a menudo se les crítica por NO tener responsabilidad en la calidad de las informaciones de las personas, mientras implícitamente a través de estas informaciones y sus modelos de score crediticios deciden quién es digno de crédito y quién no.

Estos burós, con sus algoritmos opacos y criterios misteriosos, tienen un poder desproporcionado sobre la vida financiera de los individuos. Influyen en la decisión de quién obtiene una hipoteca para comprar una casa, quién recibe un préstamo para iniciar un negocio y quién puede acceder a una tarjeta de crédito. Pero, ¿quiénes son realmente estos guardianes del historial y score crediticio de las personas?

Los burós de crédito, con el nombre de sociedades de información crediticia (SIC) operan bajo el marco legal de la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

En esencia, los burós de crédito recopilan información sobre la actividad crediticia de los consumidores y los clientes de las entidades bancarias, y la venden a éstas últimas, prestamistas particulares, cooperativas, empresas de comunicaciones, de electricidad, tiendas de electrodomésticos, entre otros.

Esta información incluye historiales de pagos, saldos de cuentas y consultas de crédito. Sin embargo, la falta de transparencia en sus procesos y la dificultad para corregir errores en los informes crediticios han llevado a muchos a cuestionar su papel en el sistema financiero.

Es hora de que los burós de crédito rindan cuentas por sus acciones y asuman un mayor nivel de responsabilidad hacia los consumidores y usuarios del sistema financiero.

Una de las críticas más frecuentes hacia los burós de crédito es su falta de responsabilidad ante los errores en los informes crediticios. Los consumidores se encuentran en una posición de indefensión cuando descubren que su historial crediticio contiene errores que pueden afectar negativamente su capacidad para obtener crédito.

A menudo, corregir estos errores puede ser un proceso largo y complicado, dejando a los consumidores y usuarios financieros en una situación precaria mientras luchan por restaurar su buen nombre financiero.

Estos errores también tienen un efecto devastador en el cálculo del score crediticio de una persona ante pequeños errores de entidades bancarias o empresas del sector real, consultas no autorizadas, entre otros, que ponen en evidencia que su modelación es por lo general inconsistente, lo que puede hacer ver a buenos deudores como malos o clientes deficientes, y viceversas. Por lo que las entidades bancarias deberían ser muy cuidadosas a la hora de tomar decisiones para otorgar un crédito a la persona sólo sobre la base de este puntaje.

Cientos de miles de personas presentan en su historial crediticio, inexactitudes y desactualizaciones de las informaciones, y a pesar de que la citada ley establece el mecanismo para exigir su rectificación, supresión o actualización de estas, el proceso sigue siendo complejo, burocrático e impráctico.

Sólo recordar dos artículos de la cita Ley en que algún organismo público debería empoderar a los clientes y personas afectadas.

Artículo 16.- Derecho a indemnización. Los interesados que como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, sufran daños y perjuicios, tienen el merecimiento a ser indemnizados conforme al derecho común.

Artículo 17.- Acción de hábeas data. Sin perjuicio de los mecanismos establecidos para el ejercicio de los derechos de los interesados, éstos podrán ejercer la acción judicial de hábeas data de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia.

Además, la falta de regulación y supervisión efectiva sobre los burós de crédito ha permitido que operen en un ambiente de relativa impunidad. Se les permite recopilar y vender datos sensibles sobre los consumidores sin el debido escrutinio sobre cómo utilizan esta información o cómo garantizan su exactitud, ni tampoco sobre el tema de boga de la seguridad de la información en sus sistemas informáticos.

Es hora de que los burós de crédito rindan cuentas por sus acciones y asuman un mayor nivel de responsabilidad hacia los consumidores y usuarios del sistema financiero. Deben ser más transparentes en sus procesos, facilitar la corrección de errores en los informes crediticios y garantizar que los consumidores tengan un medio efectivo para disputar la información inexacta.