El Consejo de Ministros aprobó este martes la denominada ‘ley rider’, impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La medida implica que los repartidores de plataformas digitales pasarán a tener una relación laboral con esas compañías, en lugar de ser falsos autónomos, una posibilidad contra la que ya se habían pronunciado los tribunales.

En palabras de la vicepresidenta, la nueva regulación «protege a los más vulnerables», especialmente a los jóvenes. «Es el momento de impulsar los vientos de cambio y de propiciar la mejora del bienestar en nuestro país», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde expresó su «enorme satisfacción» y afirmó que esta norma sitúa a España a la vanguardia, porque «ningún país» ha legislado en esta materia: «Somos pioneros y me consta que Europa nos está mirando».

La vicepresidenta también agradeció el acuerdo que se ha alcanzado en torno a esta regulación a empresarios y sindicatos, e insistió en la importancia de que los repartidores dejen de ser autónomos, porque «un joven en bicicleta con una ‘app’ no es un emprendedor», porque no tiene «ningún margen de autonomía» sobre sus condiciones de trabajo.

Díaz pide «cumplir las normas»

Esta norma llega al Consejo de Ministros tras meses de negociaciones y de un tira y afloja entre las partes. La ley beneficiará a los 18.000 riders que hay ahora mismo en España, según el Ministerio de Trabajo, aunque la patronal de las empresas de reparto eleva la cifra hasta los 30.000. Los propios riders se encuentran divididos en torno a esta ley y, de hecho, algunos se posicionan en contra y convocaron este martes manifestaciones en varias ciudades, ya que sostienen que la norma «va a dejar a 15.000 trabajadores sin empleo».

A lo largo de este tiempo, el Ministerio ha rebajado sus expectativas para esta ley, pues quería que se ampliase a otros sectores más allá de empresas como Glovo o Deliveroo. La CEOE, a pesar de sus reticencias iniciales, ha acabado aceptando la norma, pero Glovo, por su parte, abandonó la patronal, a la que acusó de «darles la espalda» en la negociación. La empresa cree que la ley es «precipitada, imprecisa y no dialogada».

En respuesta a esas críticas, la vicepresidenta dijo que, al igual que «los trabajadores no deben temer a los cambios tecnológicos», las empresas no deben temer a los derechos laborales». Además, argumentó que la «mayor parte» de las compañías que emplean servicios de reparto «cumplen las normas», por lo que la existencia de plataformas que recurren a otros modelos podría implicar, si se analizase en términos de derecho mercantil, un supuesto de competencia desleal.

«Ni debe haber competencia desleal ni debe existir temor», recalcó Díaz, quien instó a todos los actores económicos a «cumplir con las normas vigentes en nuestro país».

Las novedades de la ley

El principal cambio es que los repartidores tendrán «presunción de laboralidad», es decir, que pasarán a ser asalariados de las plataformas salvo que se demuestre que son realmente autónomos. Ello implica un aumento de derechos en materia de organización, sindicación, cotizaciones y protección social.

Pero la medida aprobada por el Gobierno implica más cambios: así, los representantes de los trabajadores podrán acceder a las ‘tripas’ de los algoritmos, las fórmulas matemáticas en las que se basan las aplicaciones informáticas y que, en determinadas ocasiones, podrían influir en las decisiones laborales y en la elaboración de perfiles de los trabajadores (por ejemplo, podrían determinar que un trabajador con mejor valoración por parte de los clientes reciba más pedidos).

En palabras de la vicepresidenta, “todo el mundo tiene derecho a saber las razones de las decisiones que le afectan», por lo que no se «pueden automatizar» a través de un algoritmo «sin dar explicaciones al trabajador o la trabajadora». «Han de saber lo que esconde el algoritmo, porque detrás de un algoritmo hay una decisión”, insistió Díaz. El Ministerio de Trabajo, además, ha decidido poner en marcha un grupo de expertos que estudiará el impacto digital y de los algoritmos en las relaciones laborales, y que emitirá recomendaciones «para gobernar el cambio tecnológico en favor de la mayoría social».

Ibón Uría Molero