El presidente Luis Abinader creó, mediante el decreto número 588-20, la Mesa Presidencial de la Industrialización, que servirá para articular las políticas destinadas a hacer más competitivas a las zonas francas y las industrias del país.

Manifestó que la política industrial debe ser tratada de forma integral y transversal, con una visión de país, pero que conjugue también una visión territorial y local, para así establecer los enclaves industriales fundamentales en las regiones según sus actividades.

“Por eso las diferentes administraciones públicas debemos coordinarnos, complementarnos y cooperar en la ejecución de medidas para impulsar al tejido productivo. Por esto estamos hoy presentando esta iniciativa” afirmó durante el lanzamiento de la Mesa Presidencial para la Industrialización, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Con esta iniciativa, el gobierno de Luis Abinader persigue dar continuidad a la gran alianza entre los sectores público e industrial que primó durante la gestión de Danilo Medina.

Inclusive, en agosto de 2020, Danilo Medina recibió un reconocimiento de parte de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), por su invaluable apoyo a la industria nacional e impulsar el crecimiento económico de los últimos ocho años, aspectos que les permitieron construir juntos un mejor país y generar empleos en cantidad y de calidad.

Es oportuno recordar que casi un millón de empleos fueron creados entre agosto de 2012 y agosto de 2020.

La gestión de Danilo Medina también creó la Mesa para el Combate del Contrabando y el Comercio Ilícito, en 2013.

Esa mesa de trabajo público privado para aunar esfuerzos en la lucha contra estos ilícitos penales produjo resultados impresionantes.

Además de detectar las unidades de productos y decomisarlas, las pasadas autoridades fortalecieron la investigación y sometimiento de las redes criminales que hubo detrás de estas infracciones a la ley.

De ese modo, el gobierno de Danilo Medina y los industriales lograron promover el desarrollo sostenible de nuestro país a través de la eliminación de las malas prácticas y competencia desleal que genera el comercio ilícito y de contrabando, y que además ponen en riesgo la salud y seguridad de los ciudadanos.