94.6 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea (UE) en el año 2023, el 21% de su población, según publicó Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, el pasado 12 de junio

Los países europeos con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social son Rumanía, con un 32%; seguido de Bulgaria, con un 30%; España, con un 27%; y Grecia, con un 26%. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en Chequia (12%), Eslovenia (14%), Finlandia y Polonia (ambos con el 16%).

En el Estado español es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el encargado de ofrecer estos datos, en su Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Los resultados definitivos del año 2023 arrojan una tasa muy similar a la de Eurostat, aunque no exactamente igual: Un 26,5% de porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, desde el 26% del año anterior.

Según el indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) (En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), se considera en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a continuación: Personas que viven con bajos ingresos, y/o personas que sufren privación material severa, y/o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja.

La carencia o privación material y social severa (PMSS), tras los cambios metodológicos realizados en la medición de los datos del año 2021, es un indicador constituido por 13 componentes, de los cuales 7 se definen a nivel hogar y 6 son personales y diferentes para cada miembro del hogar.

Se considera que una persona está en privación material y social severa si cumple los criterios de 7 de los 13 ítems definidos.

Los elementos o ítems que conforman la privación material y social severa son:

A escala hogar:

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.

3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.

6) No puede permitirse disponer de un automóvil.

7) No puede sustituir muebles estropeados o viejos.

Los conceptos a nivel personal son:

1) No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva.

2) No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones.

3) No puede permitirse reunirse con amigo/as o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes.

4) No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio.

5) No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo/a.

6) No puede permitirse conexión a internet.

Casi la mitad de la población española, el 48,5%, llega con dificultad a fin de mes, según El estado de la pobreza 2024 de EAPN

La European Anti-Poverty Network (EAPN), una plataforma europea de entidades sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en la Unión Europea, publicó el pasado mes de febrero el primer avance de resultados de su informe El estado de la pobreza 2024.

Dicho estudio, centrado en la situación española, destaca el importante ascenso de algunos de los ítems correspondientes a la carencia material. Por ejemplo, por cuarto año consecutivo ha subido el número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar, que llega al 20,7% en 2023, frente al 17,1% del año anterior.

También se incrementa por segundo año consecutivo, hasta el 6,4%, (1 punto más que el año pasado) el número de personas que no pudieron permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días.

Además, aumenta la proporción de personas que llegan con dificultad a fin de mes, que asciende al 48,5%, lo supone casi llegar a la mitad de la población española. Y todo ello a pesar de una mejora sustancial de la renta que, sin embargo, no es suficiente para la población más vulnerable, “lastrada con toda seguridad por el incremento de los precios energéticos, de los alimentos y la vivienda”, resume el informe.

Por cuarto año consecutivo ha subido el número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar, que llega al 20,7% en 2023, frente al 17,1% del año anterior

Precisamente en la energía pone el foco el doctor en Ingeniería que ha sido miembro del Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) Íñigo Antepara, en el artículo académico titulado Pobreza energética en tiempos de precios altos de la energía.

En el capítulo que aborda la relación entre los bajos ingresos y la pobreza energética, el autor señala que la brecha de ingresos entre España y la media de la UE se incrementó tras la crisis de 2008. Y cita a Dubois y Meier (2016), que analizaron la pobreza energética en todos los países de la UE y concluyeron que la desigualdad energética en España afecta principalmente a los hogares con bajos ingresos.

“Un factor que puede tener gran influencia en que los hogares con bajos ingresos caigan en la pobreza energética es el precio de la energía”, sostiene Antepara (2022).

“Un factor que puede tener gran influencia en que los hogares con bajos ingresos caigan en la pobreza energética es el precio de la energía”

En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la deuda, el estudio explica:

«Las deudas se generan por impago de facturas de suministros básicos (Emre y Sozen 2022). Muchas veces es imposible un consumo cero de energía –para cocinar, iluminar o cargar el móvil–. Las prácticas de muchas compañías energéticas también pueden agravar estos problemas, al retrasar la emisión de facturas basadas en el consumo real frente a la evaluación provisional. Algunos hogares se meten en mayores dificultades al intentar utilizar el crédito u obtener préstamos, a menudo pidiéndoselos a usureros. La razón principal del endeudamiento no es tanto la mala gestión financiera como la imposibilidad de llegar a fin de mes, con el aumento de los precios del combustible y el estancamiento o disminución de ingresos, incluso de prestaciones sociales por políticas de austeridad». (Antepara, 2022)

El artículo apunta que hay un indicador específico muy relacionado con las deudas, que son los “Atrasos en las facturas de suministros básicos”. El análisis de su evolución de 2004 a 2021 a través de la EU-SILC muestra claramente los efectos de la crisis del 2008 y de la Covid-19. Y añade que es previsible que los datos de 2022 reflejen los efectos de la guerra de Ucrania.

Este análisis Pobreza energética en tiempos de precios altos de la energía también recoge el punto de vista sobre la deuda a este respecto de Éric Toussaint y el CADTM:

«Para contraer una deuda ya no es necesaria una mediación salarial. Los bancos u otros acreedores dicen asumir el “riesgo” de dar crédito a las personas sin empleo o que han sido empobrecidas, quienes a su vez hacen malabares para pagar las cuotas de la deuda contraída. Se genera entonces lo que se llama la deuda odiosa, una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente».

Precisamente la condonación de la deuda energética de las familias es lo que reivindica la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), un movimiento social en defensa del acceso universal a los servicios básicos de agua y energía.

Tras conseguir que entrara en vigor la Ley 24/2015, impulsada mediante una Iniciativa Legislativa Popular por parte de la APE, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio DESCA, la situación cambió en Cataluña y descendieron los cortes de suministro.

En 2021 se consiguió la firma del convenio entre Endesa y la Generalitat de Catalunya, con la que se consiguió la condonación de la deuda de más de 40,000 familias.

Desde la APE aseguran trabajar “para que el resto de empresas condonen las deudas y se garantice en todo el mundo, sea cual sea su situación habitacional, su derecho a los suministros básicos”.

Uno de los caballos de batalla de la APE es que el oligopolio asuma el peso económico: Que “los costes de velar por estos servicios básicos sean asumidos por las grandes compañías con sus multimillonarios beneficios”.

Su última nota de prensa llamaba, entre otras medidas, a resolver la cuestión de la deuda acumulada y a consolidar la prohibición de cortes de electricidad, gas y agua a hogares vulnerabilizados.

Sobre este último punto, el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio anunció que mantiene la prohibición de interrumpir los suministros de agua, electricidad y gas a los colectivos vulnerables hasta el próximo 31 de diciembre; y extiende los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, aunque señaló que “irán disminuyendo de forma progresiva”.

La APE también fiscaliza las malas prácticas de estas empresas. El pasado mes de mayo, un comunicado de la APE se hizo eco de la sentencia firme contra la cobradora de Endesa DPS Consulting/Parés Seixas Advocats, dos de cuyos directivos han sido condenados a penas de un año y ocho meses de cárcel, por acosar a una clienta de Endesa.

En palabras de la jueza, DPS Consulting disponía de un “esquema de actuación para conseguir el pago de las deudas pendientes, mediante el uso de mecanismos conminatorios, conocidos como ‘llamadas especiales’, en las que simulaban llamar desde el servicio de notificaciones judiciales e intimidaban a los deudores con cortarles el suministro y con embargarles las cuentas bancarias si no pagaban la deuda antes de un tiempo establecido”.

Tras esta sentencia, APE destaca que esto no es un hecho aislado, exige a Endesa que deje de trabajar con este despacho y se asegure de que nunca más se cede a terceros la gestión del recobro de deuda de hogares vulnerabilizados.

En este sentido, la APE tiene la intención de trabajar en un futuro próximo para que legalmente se impida este tipo de derivaciones y pueda sancionarse a aquellas empresas que lo hagan.

Los recobros intimidatorios no son las únicas malas prácticas de las energéticas. Recientemente, la Audiencia Nacional admitió la querella contra Naturgy por el incremento abusivo de precios durante la pandemia

Los recobros intimidatorios no son las únicas malas prácticas de las empresas energéticas. Sin ir más lejos, este mes de junio, la Audiencia Nacional admitió la querella contra Naturgy por el incremento abusivo de precios durante la pandemia.

BlackRock, accionista en Iberdrola, Naturgy y Repsol

No está de más recordar quiénes son los dueños de las grandes energéticas en el Estado español: son bancos, fondos y estados extranjeros, según titula EPE. Endesa, la que fuera eléctrica estatal, tiene hoy como máximo accionista, con más de un 70% de participación, a la energética Enel, controlada por el Estado italiano.

Iberdrola tiene como mayor accionista al fondo soberano del estado catarí, Qatar Investment Authority (QIA), con un 8,7%. Le siguen BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, con un 5,3%; y Norges Bank, instrumento inversor público noruego, con un 3,4%.