Un grupo de 85 economistas de todo el mundo, entre ellos Joseph Stiglitz, Yanis Varoufakis y Gabriel Palma, respaldaron la Ley de Justicia Tributaria propuesta por el Gobierno de Honduras.

A continuación, la carta emitida por los economistas:

Nosotros y nosotras, economistas de todo el mundo, apoyamos la propuesta de Ley de Justicia Tributaria del Gobierno de Honduras. Consideramos que los cambios propuestos son fundamentales para reducir la desigualdad en Honduras, apoyar el desarrollo social y económico, y cerrar las lagunas fiscales que socavan los ingresos tributarios.

Honduras ha tenido dificultades para recaudar los ingresos adecuados procedentes del cobro de impuestos a corporaciones y personas ricas, especialmente tras una serie de abusivas exenciones y vacíos jurídicos creados por los gobiernos posteriores al golpe de Estado del 2009. Las lagunas fiscales, junto con el secreto bancario y los sistemas opacos de enmascaramiento del Registro de Beneficiarios últimos y finales han puesto a Honduras a las puertas de convertirse en un paraíso fiscal.

El monto perdido por estas lagunas fiscales y exenciones tributarias en el período comprendido entre el año 2010 y el año 2023 es superior a toda la deuda pública nacional de Honduras. Según estadísticas oficiales, la deuda pública nacional hondureña alcanzó 16.667 millones de dólares al cierre de 2023 y se estima que el valor total perdido para el fisco en recaudaciones, en el período mencionado anteriormente, fue de 20.105 millones de dólares.

La Ley de Justicia Tributaria busca pasar página a este periodo. La reforma instaura el principio progresivo de que quienes más tienen más paguen; simplifica el sistema fiscal para eliminar lagunas y aumenta la transparencia.

La Ley propone acabar con todos los vacíos legales que permitían a las empresas eludir el pago de impuestos a gran escala; poner fin al traslado de beneficios empresariales como método para reducir los impuestos a través de la evaluación de los beneficios globales y no sólo los nacionales; gravar las rentas empresariales e individuales percibidas del extranjero; poner fin a las condonaciones de deudas fiscales que desincentivan el pago puntual e íntegro de las obligaciones tributarias; acabar con el secreto bancario en materia tributaria, y responsabilizar fiscalmente a los beneficiarios efectivos de las empresas.

Todo esto para arrojar luz sobre las estructuras empresariales opacas, y además, promover el intercambio internacional de información para mejorar la justicia fiscal mediante la ratificación de la Convención de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), de la cual participan 147 países en la actualidad.

En conjunto, este sólido paquete de propuestas tenderá a aumentar los ingresos del Estado hondureño sin necesidad de incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos.

La nueva Ley también supone un fuerte golpe al régimen mundial de paraísos fiscales y a la industria del secreto bancario, dando ejemplo a otros países cuyas jurisdicciones fiscales se utilizan actualmente para socavar las recaudaciones tributarias de otros Estados facilitando la evasión fiscal.

Esta transparencia fiscal, muy probablemente, contribuirá al desarrollo tanto de Honduras como de otros países, al disponer de mayores fondos para cumplir con sus objetivos sociales, económicos y medioambientales.

Como parte de la Ley, el Gobierno hondureño propone dos nuevos regímenes fiscales dirigidos al desarrollo industrial y a la inversión extranjera. A diferencia de los incentivos fiscales anteriores, éstos serán por un tiempo limitado, solamente dirigidos a impuestos específicos y contarán con herramientas de control para garantizar el beneficio de los hondureños, a través de la creación de empleo y el desarrollo.

El consenso internacional entre economistas y autoridades recoge que es urgente abordar la evasión fiscal, los paraísos fiscales y el secreto bancario, además de profundizar en otros avances. Siguiendo el liderazgo del Grupo de países africanos en las Naciones Unidas, todos los países del mundo ahora participan en el Comité Ad Hoc conformado para la redacción de los Términos de Referencia hacia una Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.

Estos términos de referencia, que se completarán en agosto de este año, formarán la base para la creación de un organismo tributario globalmente inclusivo y destinado a cumplir con esta agenda crucial. Por otro lado, en 2021, más de 130 países, en el Marco Inclusivo de la OCDE, acordaron un paquete de medidas, entre las que se incluye establecer un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones a nivel internacional.

Además, en marzo de este año, la presidencia Brasileña del G-20, inició discusiones para considerar por primera vez una mayor progresividad en la tributación de las rentas de los súper ricos, incluyendo la posibilidad de establecer un nivel mínimo de tributación sobre las grandes fortunas.

A nivel regional, en América Latina y el Caribe, se están impulsando reformas fiscales progresivas en el seno de organismos intergubernamentales de integración regional, donde el papel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podría ser importante.

Finalmente, también se ha articulado la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC) que busca unificar la voz de los países de la región para representar mejor los intereses de latino-caribeños en los procesos internacionales y avanzar de forma coordinada en los foros internacionales.

La propuesta de Ley de Justicia Tributaria de Honduras pone estos principios en acción. Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestro apoyo a este paquete de reformas que está destinado a establecer un sistema tributario e incentivos más justos y solidarios que proporcionarán una base sólida para el desarrollo de Honduras.

Una ley de este tipo tiene implicaciones mucho más allá de las fronteras de Honduras, y constituye un ejemplo de cómo los Estados pueden reafirmar su soberanía tomando medidas contra la injusticia fiscal de forma individual y colectiva, establece el documento.