La semana antepasada el Ministerio de Hacienda sometió al Congreso de la República el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal el cual tiene como objeto establecer las condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado dominicano, creando reglas para el comportamiento fiscal.

En dicho proyecto se establecen que dos puntos claves:

Primero:  Objetivo de deuda de mediano plazo. El Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar que, al cierre del ejercicio fiscal, que concluye el 31 de diciembre de 2035, la razón entre el balance total de deuda del Gobierno General Nacional de fuentes internas y externas destinada a cualquier fin y el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN), no supere el cuarenta por ciento (40%).

Segundo:  Regla de crecimiento del gasto primario. El Gobierno adoptará medidas apropiadas para garantizar que, en ningún ejercicio fiscal, la tasa de crecimiento del gasto primario del sector público no financiero supere la tasa de inflación promedio anual proyectada más 3.0 puntos porcentuales.

En ese sentido, la implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal en un país como la República Dominicana puede tener varias implicaciones y efectos significativos para las personas, la economía y en la gestión de las finanzas públicas tales como:

1. Una Ley de Responsabilidad Fiscal busca promover la estabilidad económica a largo plazo. Esto implica evitar déficits fiscales excesivos y un endeudamiento descontrolado, lo que puede contribuir a mantener una economía estable y reducir el riesgo de crisis económicas. Una economía estable puede generar oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico, beneficiando a la población en general.
2. La implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto implica controlar el gasto público y garantizar que los ingresos sean adecuados para cubrir los gastos, evitando así el deterioro de las finanzas del gobierno.

Una gestión financiera sostenible puede contribuir a mantener la estabilidad económica y financiera a largo plazo, lo que beneficia a la población al garantizar la prestación de servicios públicos y programas sociales de manera continua.

3. Una Ley de Responsabilidad Fiscal puede promover la priorización del gasto público en áreas de mayor impacto para la población. Al establecer reglas y criterios claros para la asignación de recursos, se busca garantizar que los recursos se destinen a sectores prioritarios como educación, salud, infraestructura, seguridad, entre otros. Esto puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de la población al mejorar la provisión de servicios públicos esenciales.
4. La implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal implica un mayor enfoque en la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

Esto significa que se exigirá una mayor claridad en la presentación de informes financieros y en la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Esto puede contribuir a reducir la corrupción y promover una gestión más eficiente y responsable de los recursos, beneficiando directamente a la población.

5. Disciplina fiscal, una Ley de Responsabilidad Fiscal busca establecer reglas y límites claros en relación con el manejo de los recursos públicos. Esto implica fomentar una mayor disciplina fiscal, limitando el déficit presupuestario y el endeudamiento excesivo, reduciendo el riesgo de una crisis de deuda.

Es importante tener en cuenta que una Ley de Responsabilidad Fiscal puede implicar restricciones en el gasto público, especialmente en momentos de desaceleración económica o crisis financiera. Esto puede requerir medidas de austeridad y ajustes fiscales que pueden tener implicaciones sociales y políticas.

Desde la Columna de Tu Consultorio Financiero, saludamos la iniciativa del Ministerio de Hacienda de someter a la consideración del Congreso de la República el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal la cual generará confianza y credibilidad tanto a nivel nacional como internacional,al establecer reglas claras y transparentes, se envía una señal positiva a los inversionistas y acreedores, lo que puede atraer flujos de inversión y acceso a financiamiento en condiciones favorables.