Un amplio abanico de organizaciones pyme anunció su firme apoyo a la política de congelamiento de precios y repudió «vehementemente las amenazas patoteriles vertidas por vergonzosos dirigentes del poder económico advirtiendo sobre desabastecimiento».

Los referentes del sector admiten las diferencias internas y hasta cierto desencanto de muchos empresarios pymes por haberse sentido relegados económicamente por los efectos de la pandemia, pero levantan la lucha contra la inflación como un emblema para delinear las responsabilidades y «demostrarle a todas las pymes que ellos también son víctimas de las políticas de las empresas más poderosas».

Es el momento, dicen los dirigentes pymes, de tomar posición frente a los temas centrales de la economía, como la inflación y el acuerdo con el FMI, «acompañando al gobierno pero también reclamando el reconocimiento de un espacio, porque es necesario un pacto social y económico con todos los sectores y no exclusivamente con los que no sólo se oponen en forma vergonzosa a la fijación de precios máximos, sino que entienden el diálogo sólo en función de imponer mayores prebendas para ellos».

Este viernes, dirigentes de Cgera, CEEN, Apyme, ENAC y otras organizaciones pyme, formaron parte de un acto en Moreno junto a entidades sindicales (CTA nacional y CFT en la CGT), cooperativas, organizaciones sociales y agrarias, en el que el grupo hizo su presentación en sociedad como Espacio Producción y Trabajo. Axel Kicillof, también presente, destacó la amplitud de la representación y su importancia estratégica en la construcción social. 

Las fuertes definiciones del documento que esta semana elaboró el Espacio Producción y Trabajo (EPyT) pareció terminar de consolidar la unidad del sector en torno a una postura y una propuesta.

Contrariamente a lo que se suponía hasta ahora, que moderar el discurso permitía abarcar a todos, fue la elevación del tono lo que los juntó salvando diferencias circunstanciales.

El documento expresa «el firme apoyo a la fijación temporal de precios máximos de 1432 productos. La medida es oportuna e imprescindible ante la evidencia de aumentos desmedidos de precios de productos básicos de la canasta familiar. Resulta paradójico que, cuando la producción y exportación de alimentos alcanza niveles récord y los precios internacionales aumentan, crece en forma paralela la indigencia y la pobreza en el país».

Señala luego que, «como parte de una política seria y consistente, creemos necesario en el período determinado de 90 días, por un lado, hacer un exhaustivo análisis de las distintas cadenas de valor, para determinar en cada una de ellas dónde y porqué se generan las distorsiones de precios, y que permita actuar en consecuencia».

No es el único párrafo que apunta a los abusos de posición dominante de los monopolios –en ese caso, los productores y oferentes de insumos difundidos–, ya que en otro párrafo el mismo documento puntualiza:

«Cada incremento con la excusa de ‘aumento de precios internacionales’ en divisas, sin justificación de mayores costos cuando se produce en el país con costos esencialmente en pesos, castiga las condiciones de vida de la mayor parte de la población y es inexorablemente apropiado en forma rentística por sectores privilegiados y la posición dominante de empresas hegemónicas, nacionales y/o transnacionales que monopolizan, entre otros, el sector alimenticio».

Uno de los referentes principales del espacio pyme, en conversación con Página 12, explicó este salto discursivo del sector y su postura de acompañamiento al gobierno.

«Después de escuchar las declaraciones del titular de la UIA (Daniel Funes de Rioja), creemos que está todo dicho. Cuando uno escucha cómo justifica los aumentos, señalando que el congelamiento va a desalentar las inversiones y la producción, y que las más perjudicadas van a ser las pymes, concluye que si no nos ponemos a trabajar para juntar a todos los sectores empresarios, que no somos estos grupos dominantes, para tener nuestra propia representación, estamos liquidados».  

Raúl Hutín, dirigente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), subraya que «apoyamos la medida de la Secretaría de Comercio para poner freno a los precios porque es necesario tener un Estado que regule. Pero nos preocupa que se diga que  «es un sacrificio por sólo 90 días». No. Hay que tener un seguimiento sobre los costos, sobre los márgenes de rentabilidad. El día 91, el que venga a pedir un aumento, que traiga los costos y lo demuestre. Es muy fácil aumentar cuando uno tiene una empresa monopólica, porque la tasa de rentabilidad no tiene techo, es infinita. Estudié e hice Costos 52 años y sé de qué se trata». 

Las pymes piden participar de esta lucha contra la inflación. Analizando cadenas de valor, controlando costos, pero también en las mesas de discusión. Cuestionan que la representación empresaria siempre quede en manos de las entidades más fuertes (Grupo de los 6, por ejemplo) o los principales grupos exportadores (Consejo Agroindustrial).

«No sólo se oponen en forma vergonzosa a la fijación de precios máximos, sino que entienden el diálogo sólo en función de imponer mayores prebendas para ellos», dicen en el documento que compartieron con CTA, CFT, y entidades cooperativas, organizaciones sociales y agrarias. 

Las pymes saben que será imprescindible que se unifiquen para tener una representación más fuerte.

«Nuestro espacio natural es la Confederación General Económica, la CGE. Una CGE colectiva, en donde estén todos los sectores. Es un momento de emergencia que no admite más demoras. Este es el momento, porque quedó demostrado que el espacio está consolidado y que hay un deseo firme de salir de esta situación. Y no va a ser con las recetas neoliberales o las del Fondo Monetario», dice Hutin, mientras se relaja y trata de recuperarse de una jornada larga y ajetreada. Porque sabe, además, que vendrán otras.