En medio de conversaciones sobre la posibilidad de un pacto fiscal, el cual se encuentra establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, surgen voces a favor y en contra del mismo, pues en un país marcado por una clase media cada vez más golpeada, donde, según el Barómetro de las Américas de 2023, la economía es el principal problema de los dominicanos, el 85.2 % de las MIPYMES opera en la  informalidad y ante la evidente necesidad de tener un  gasto público más eficiente e inteligente, es normal que esta propuesta encuentre reticencia en la gran mayoría de los ciudadanos.

En ese contexto, mediante el decreto 385-24 del 5 de julio, se crea el Comisionado para las Reformas del Estado, en el que se incluye otro nuevo cargo, la Dirección Ejecutiva sumado al Comisionado.

Teniendo en consideración que el 11 de marzo del 2021, se creó el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, con la finalidad de mejorar el gasto público y la calidad de los servicios mediante el decreto 149-21, que también instituyó un director ejecutivo para estos fines.

Si bien es necesario reformar el Estado dominicano, pasados 3 años de creada esta última comisión, vemos que la masa salarial cotizable de los empleados públicos creció de abril de 2022 a abril del 2024, en RD$4, 534,802, 657.80 (de acuerdo con los datos de la TSS), sin que se identifiquen mejoras en el valor público.

El país requiere una gestión pública centrada en la gente, que responda a sus demandas y necesidades, con un enfoque real en resultados de bien público, evitando despilfarros y promoviendo el crecimiento sostenible.

Y si a estas erogaciones le incluimos el nuevo pago a funcionarios por el uso de vehículos propios por un monto de hasta RD$70,000.00 mensuales (aprobado por el Ministerio de Administración Pública mediante la resolución 436-2023), cabe preguntarse, ¿qué tan inteligente es el gasto público actual? ¿cuál es la relación costo-beneficio de estos incrementos de los pagos de nómina e incentivos a los funcionarios, respecto al bienestar alcanzado por los dominicanos y dominicanas en este tiempo?, ¿está el Poder Ejecutivo generando duplicidades y gastos innecesarios que afectan a los contribuyentes?, ¿cuál es el resultado medible, a la fecha, de las comisiones y comisionados creados para reestructurar los órganos públicos, modernizar el Estado, eficientizar el gasto público y mejorar los servicios en general?

Hacer más con menos, es la cuestión. Revisar, eficientizar y fiscalizar la calidad del gasto público debe ser la primera conversación del Poder Ejecutivo, antes de abocarnos a una reforma fiscal, pues se hace necesario con resultados tangibles, veamos resueltos problemas estructurales, se implementen acciones concretas que reduzcan la evasión fiscal y se logre la formalización de todas las actividades productivas.

El país requiere una gestión pública centrada en la gente, que responda a sus demandas y necesidades, con un enfoque real en resultados de bien público, evitando despilfarros y promoviendo el crecimiento sostenible. 

Se hace necesario conocer las mediciones de pertinencia y calidad de los servicios prestados versus el incremento de la nómina pública, todo cuanto es financiado con los impuestos que pagamos, antes de que se planteen incrementar sin los impuestos sin claridad de la eficiencia del uso de los recursos públicos.

Mejorar la calidad de vida de las personas implica priorizar las transformaciones en áreas neurálgicas como la salud, la educación, la seguridad, la movilidad y la competitividad nacional, eliminando gastos sin retorno en el ciudadano, que resultan ser superfluos e improductivos (como los relativos a la publicidad gubernamental).

Los dominicanos merecemos inversiones públicas con una visión de mediano y largo plazo, asegurando que cada peso gastado tenga un retorno tangible, con eficiencia técnica.

Vemos países como Canadá que han optado por fortalecer la figura de la Oficina del Auditor General, otorgándole un rango de acción que le permite estudiar y determinar cuáles son las necesidades del Estado y las mejoras que se pueden implementar en el sistema de gastos​, enfoque que ha contribuido a optimizar significativamente la eficiencia y transparencia del gasto público, con un impacto positivo.

En el caso de la República Dominicana, en la gestión gubernamental del 2012 al 2020, implementamos el sistema de monitoreo de los indicadores de eficiencia y eficacia del presupuesto, el cumplimiento de las normas básicas de control interno (NOBACI), junto al monitoreo de los proyectos y metas de la Presidencia, como un mecanismo para garantizar el rol vital de monitorear el gasto para generar valor público, impulsando la eficiencia en cada una de las inversiones realizadas, abriendo el camino a la gestión por resultados.

Ante la coyuntura actual, como abanderados de la eficiencia y la orientación a resultados, tanto en lo personal como en lo profesional, tenemos el compromiso de levantar la voz pues un buen gobierno implica evaluar los resultados de la gestión de cada entidad gubernamental, de los servidores públicos que la conforman versus la asignación presupuestaria, con un monitoreo continuo de los indicadores de la producción institucional.

Más bienestar demanda reestructurar la Administración Pública, eliminando la duplicidad de funciones, las entidades y comisiones que han cumplido su rol histórico, adoptando nuevas tecnologías emergentes que mejoren la productividad y optimicen los servicios e implementado políticas públicas que impulsen la competitividad nacional.

La eficiencia en el gasto público no es solo una cuestión de números, sino de dignidad y justicia para cada ciudadano que paga sus impuestos a la espera que estos sean utilizados de manera adecuada, y lo pueda ver reflejado en la mejora de su calidad de vida.

Construir una economía más fuerte, justa y equitativa, focalizando la inversión en proyectos que generen el mayor beneficio nacional, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible, en el que todos seamos partícipes del crecimiento de nuestra economía, es parte de la hoja de ruta a seguir, poniendo primero, lo primero, que es el bienestar de nuestra gente.