Raquel Jorge

Es el equipo, no el jugador estrella. Y, a veces, el resultado final termina decidiéndose gracias a ese jugador al que siempre dejaban en el banquillo. Lo mismo ocurre con la diplomacia tecnológica a nivel global: un proceso lento, aunque creciente.

Si bien los Estados siguen siendo los protagonistas de este asunto, lo cierto es que las ciudades, los gobiernos regionales, las empresas multinacionales y las oenegés ya están entrenando por cuenta propia para desplegar sus estrategias, hojas de ruta, códigos o documentos de visión sobre cómo gobernar las tecnologías –o, más bien, su velocidad, intensidad y alcance–.

De ahí que no sea casualidad que se lanzaran en el mismo año –hace apenas unos meses, en 2020– la primera Hoja de Ruta de Naciones Unidas para la Cooperación Digital, así como la primera Alianza de Ciudades Inteligentes Globales, esta última promovida por el G20 con el Foro Económico Mundial como sede.

Tampoco que el Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital de la ONU esté copresidido por Melinda Gates (Fundación Bill & Melinda Gates) y Jack Ma (CEO de la compañía china Alibaba Group), y el papel de lo público –un equipo diplomático– tenga un papel secretarial.

Las grandes empresas tecnológicas han pasado de ser grupos de interés externos a influyentes reales del ‘policy-making’

Ahora bien, que en pocos años todos estos actores hayan empezado a crear alianzas e iniciativas, unas ad hoc, otras más integradas en mecanismos tradicionales, no significa que estén ganando terreno en la definición real de la diplomacia tecnológica. Tampoco que lo estén haciendo con el mismo éxito. Primero, las capacidades de incidencia y de influencia de las empresas multinacionales son mucho mayores que las de oenegés y gobiernos regionales.

La invitación del Presidente francés, Macron, a los CEOs de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley –Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (GAFAM)– al Palacio del Elíseo en 2018, con un protocolo similar al de las visitas diplomáticas, fue un elemento tan representativo como las imágenes de julio de 2020 donde estos mismos CEOs testificaban ante el Congreso de Estados Unidos para examinar prácticas contra la competencia.

En un sentido u otro, las grandes empresas tecnológicas han pasado en unos años de ser grupos de interés externos a convertirse en influyentes reales del policy-making. Pese a esto, las empresas no actúan de la misma forma, ni en narrativa, ni en estrategia.

Microsoft tiene programas especializados, como Defending Democracy Project, así como una delegación permanente ante la ONU en Nueva York para apoyar los ODS. Mientras, Facebook ha publicado documentos de visión donde apunta a que, para conseguir que la conectividad sea un derecho humano real en todos los países del mundo, centralizar los datos en un único sistema –el suyo– es el mecanismo más adecuado para superar épocas de inestabilidad política.

Ciudades, regiones y oenegés: un proceso digital en construcción

Los gobiernos regionales, ciudades y las oenegés se sitúan en otro plano de menor capacidad de incidencia. No siempre son desarrolladores, pero sí implementadores. 

Ubicar tecnologías verdes o un sistema de Internet de las Cosas para la respuesta a emergencias en un municipio se decide en el nivel local. Llevar la banda ancha a las zonas rurales depende de ayudas para las regiones, como los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Del mismo modo, la asignación de paquetes humanitarios mediante inteligencia artificial es una tarea de las oenegés o, al menos, de los organismos internacionales, como la Cruz Roja o el UNICEF Innovation Lab.

Sin embargo, ninguno tiene un poder de influencia significativo. Primero, la mayoría de oenegés –en especial las de menor tamaño, o de base local o regional– no conocen el impacto de la transformación digital en sus procesos y personas. Sí empiezan a digitalizar sus servicios para ser más eficientes, pero no elaboran una evaluación del impacto de las tecnologías en la protección, garantía, respeto y promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales.

Una vía de oportunidad sería la creación de alianzas formativas por parte de las grandes oenegés internacionales, como el departamento AmnestyTech de Amnistía Internacional, o Human Rights Watch, que tiene presencia y voz en negociaciones de Ginebra sobre armas letales autónomas. Su efecto cascada podría alcanzar a entidades de menor tamaño y distintas regiones, especialmente del sur global.

Subirse al tren de la digitalización es sentar a todas las partes en una mesa para reformular el contrato social

Caso distinto es el de las ciudades y gobiernos regionales. Las ciudades están adquiriendo cada vez mayor protagonismo desde una perspectiva de políticas públicas y de alianzas. Por ejemplo, a la Alianza del G20 de Ciudades Inteligentes Globales se han sumado Barcelona y Bilbao.

Barcelona ya ha presentado su plan para convertirse en Ciudad Global del Humanismo Tecnológico, donde busca tejer una ciudad más inclusiva y sostenible a través de lo digital. Como dice Nani Hachigian, teniente alcalde para Asuntos Internacionales de Los Ángeles, «las ciudades tienen su propia política exterior», y su voz –como ciudad– debería ser escuchada en foros internacionales, como AI4SocialGood.

En definitiva, empresas multinacionales, oenegés, ciudades y gobiernos regionales buscan un papel cada vez más activo en el diseño, toma de decisiones e implementación de la gobernanza tecnológica. Sus estrategias, intereses y recursos son distintos, pero todas ellas forman parte de una realidad tecnológica como la actual para la que se está debatiendo mucho pero, todavía, negociando poco.

Como dijo Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en 2016: «Nunca antes ha habido un momento más prometedor, o de mayor peligro». Subirse al tren de la digitalización también es hablar de nuestro contrato social. La fractura económica y social, el auge del populismo y el ensimismamiento digital individualizador son una llamada de atención para sentar a todas las partes en una misma mesa y empezar a trabajar en la formulación de un nuevo contrato social para la era digital.