Ayer comenzó una jornada trascendente para el cristianismo. La entrada de Jesús a Jerusalén marca el inicio. Fue vitoreado entonces el que luego sería escarnecido. Agnósticos y cristianos se suman a la tradición, entre gozo y recogimiento asumen una tregua tan necesaria como falaz. El colectivo aprovecha la temporada para descanso y viacrucis, excesos y contrición.

Hasta el día de la resurrección hay un disimulo que atenúa la crítica. Fiel a la tradición y con la ayuda de un catalejo para respetar época, distancias y silencio, es imprescindible la mención de hechos perturbadores que la oficialidad elude. El desastre asoma y la autoridad se escurre.

Errores sucesivos obligan a la representación de organizaciones de la sociedad civil a asumir el protagonismo. Participan para exculpar la responsabilidad en hechos inexcusables, como los ocurridos en la Penitenciaria Nacional de La Victoria. Y comienzan a contar la historia desde cero, como si entre la masiva alienación no hubiera memoria inmediata.

El “Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión”, preparado por la Oficina Nacional de Defensa Pública-abril 2022- fue contundente. No hubo reparos y la catástrofe fue expuesta con la crudeza que amerita. Conspicuos integrantes del Consejo Nacional de Defensa Pública validaron el resultado, pero la retórica complaciente ahogó el remedio.

Nada cambió y vuelven a redescubrir el horror y a proponer “soluciones”. Sucedió igual cuando Roberto Santana, figura importante en la Procuraduría General de la República de antes y tanto o más en la de ahora, divulgó las ganancias que devengaba el encargado de seguridad de la Penitenciaría con mayor hacinamiento del sistema.

La denuncia del asesor en sistema penitenciario provocó un discreto distanciamiento de los despachos que ocupaba como propios y la indiferencia acompañó su atrevimiento. Ha vuelto a la carga para repudiar el incendio en “La Victoria” y su efecto atroz, también para confirmar la corrupción en la PGR y desmentir al presidente. Santana asegura que a la construcción del “Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras”, le faltaba un 5% y bastaban 280 millones para la conclusión.

Nadie lo ha desmentido. En LA Semanal el presidente reaccionó con un despliegue inesperado de cinismo cuando le preguntaron sobre la paralización del centro: ¿Se inauguró Las Parras? Preguntó y reveló que para su conclusión se necesitan 1,600 millones.

Y como si la casualidad conspirara contra el discurso de pureza gobiernista, de superioridad ética, una confesión interfiere reiteradas y altivas manifestaciones de inocencia. El más que influyente ministro de la presidencia del gobierno del Cambio, beatificado por el icono ético de Palacio, retirado de la función de manera cautelosa, atribuía una acusación en contra de su empresa a una campaña para afectar su honorabilidad y empañar la obra del mandatario.

Su hijo, ejecutivo de la empresa Mac Constructores, admitió el viernes pasado, las imputaciones de soborno para conseguir participación en la construcción del lote 5 de “La Nueva Victoria”. Escándalos sin consecuencias afectan la gestión. La autoridad cede espacios para evadir responsabilidad. La deriva se intuye, aunque el triunfalismo compensa. Mejor rememorar el calvario y esperar la resurrección.