La esclavitud dominó el mundo por mucho tiempo. Era la búsqueda de riqueza con la subyugación total y se justificaba con creencias religiosas: los “creyentes civilizados” oprimieron a los “bárbaros incivilizados”.

Si bien las religiones sirven de consolación y regocijo a mucha gente, no es menos cierto que las religiones han sido fuentes de opresión, conflictos y guerras, por una sencilla razón: los fundamentalismos basados en dogmas inventados por hombres.

La República Dominicana es uno de los pocos países del mundo donde la clase política, incluido el presidente Luis Abinader, no ha comprendido que hay una separación entre la función pública de Estado y las creencias religiosas.

Cada religión tiene como oficio convencer a los feligreses de sus doctrinas, y eso se respeta en democracia. Lo que no puede aceptarse en democracia es que las religiones quieran imponer a toda la sociedad sus ideas a través de leyes del Estado.

Las jerarquías de las iglesias católica y evangélicas se oponen ofuscadamente a que se aprueben las tres causales del aborto en el Código Penal, bajo el argumento de que la vida comienza desde la concepción, dejando así desprovistas a las mujeres de derechos a la vida y la salud.

El argumento a favor de las causales parte de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre el embarazo en un marco legal de circunstancias.

En la República Dominicana se lucha porque a la mujer pueda decidir si continua o no con un embarazo en solo tres circunstancias: 1) en caso de riesgo de salud y vida para la madre, 2) de malformación del feto incompatible con la vida, y 3) en caso de violación o incesto. Eso existe en la mayoría de los países del mundo. Es un asunto de derechos y salud pública, no de religión; tampoco de referendo.

Si las iglesias desean oponerse, que lo hagan con sus feligreses. Pero los políticos dominicanos no pueden legislar en contra de las mujeres, independientemente de las creencias religiosas que tengan. Su función es legislar para garantizar derechos a la ciudadanía, y las mujeres no son ciudadanas de tercera categoría.

En su vida privada, los legisladores y el presidente tienen derecho a las creencias que deseen, pero al legislar y gobernar, tienen que velar por los derechos de toda la sociedad. El padrón electoral no distingue ni excluye por creencias religiosas.

Los derechos no son productos de caprichos personales, son conquistas colectivas, y la democracia es un sistema de garantías de derechos, no de imposición de creencias en detrimento de segmentos poblacionales.

Desde hace más de un mes, el campamento a favor de las tres causales en las inmediaciones del Palacio Nacional ha tenido un impacto significativo en la sociedad dominicana. Ha contribuido a llevar conciencia de la necesidad de que se aprueben las tres causales en el Código Penal, y ha motivado a distintos sectores a expresarse favorablemente al respecto.

El domingo pasado, lamentablemente, para amedrentar, alguien envió brownies envenenados al campamento y varias personas sufrieron los efectos nocivos al ingerirlos. Fue un acto delincuencial típico de aquellos que en la historia se colocan contra los derechos democráticos. Que se investigue.

Luego, el martes en la madrugada, un grupo de policías desbarataron a cuchillazos las tiendas de campaña de un grupo de mujeres apostadas frente al Congreso. El Estado opresor en acción.

La lucha por las tres causales la mueve la convicción de que merecemos una vida digna y en salud. Los que intentan amedrentar no triunfarán. ¡Las causales van!