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Francisco Espejo
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Lunes, 04 de Junio de 2018
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La Reforma Agraria en República Dominicana comprende un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra en un lugar determinado.

Los orígenes de la Reforma Agraria dominicana se encuentran en lo que aún en muchas comunidades rurales llaman “La colonia”, es decir, asentamientos que se iniciaron durante el Gobierno de Ramón Cáceres (1906-1911) y que posteriormente Trujillo, en su política de dominicanización de la frontera, se extendieron a lo largo de esa zona del país.

Pero es a partir del 27 de abril del 1962 cuando se crea una estructura jurídica e institucional para llevar hacia adelante la Reforma Agraria. En esa fecha se publica la Ley 5879, que crea el Instituto Agrario Dominicano.

Con la llegada al Gobierno del profesor Juan Bosch en el 1963, se realizan once asentamientos en las que se denominaron Villas de la Libertad, concebidas como una forma de organización rural en la que varias familias, además de la tierra, recibían una vivienda y otros servicios básicos.

Bosch entendía necesario ver la reforma agraria no como responsabilidad única y exclusiva del IAD, sino como un elemento imprescindible que el Gobierno tenía que articular con todas las dependencias para lograr ese propósito.

En fecha 25 de abril de 1963, en reunión celebrada en el Palacio Nacional, Juan Bosch declaró ante funcionarios, legisladores y representantes del Cuerpo de Paz, en ocasión del lanzamiento de su plan de Reforma Agraria, que el trabajo del Instituto Agrario Dominicano era juntar al hombre sin tierra, al dominicano sin tierra, con la tierra dominicana.

El Gobierno proclamó como progresista y justa la Constitución de 1963, en la que quedó prohibido el latifundio y minifundio, la expropiación por interés social; se estableció justicia salarial, el derecho a la sindicalización, la reforma agraria y la igualdad de los hijos ante la Ley.

El derrocamiento del Gobierno de Bosch en septiembre de ese año arrastró consigo el conjunto de planes de desarrollo que había concebido, a lo que no pudo escapar la naciente Reforma Agraria.

Para agosto de 2012, 49 años después, con el presidente Danilo Medina establecido en el poder, se retoman los trabajos de la Reforma Agraria, prácticamente olvidados durante casi medio siglo.

El Presidente de la República afirmó que tener una parcela o solar con su título de propiedad es abrirle un camino a la familia.

Para cumplir este proyecto, se crea la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, entidad que, junto al Instituto Agrario Dominicano, es responsable de trabajar en esa tarea, en el marco del Plan Nacional de Titulación.

Más de 42 mil títulos se han entregado  desde el 2013

Los terrenos de las personas que han recibido su título de propiedad están dedicados al cultivo de plátanos, guineos, mangos, tomate industrial, vegetales y ganadería.

Una vez las personas tienen sus títulos, poseen un instrumento de financiamiento seguro y pueden acceder a fuentes de crédito formal que les permiten invertir en sus productos y cultivos, maximizar el valor de sus propiedades y tienen la seguridad jurídica de que esa parcela o vivienda es legalmente suya.

La entrega más reciente de ese documento, se realizó en Palmar de Ocoa, en la provincia Azua, donde los habitantes de esa comunidad recibieron de manos del presidente Danilo Medina 839 títulos definitivos de parcelas y solares, tras una larga espera de 55 años viviendo en esos terrenos.

 

Esas propiedades tituladas abarcan una superficie de 366 mil metros cuadrados y en la actualidad los productores tienen sembrados en sus parcelas 4 mil 190 tareas de plátano, cebolla, guineo, sandia y ajíes.

La entrega de esos títulos es una promesa cumplida por el jefe de Estado durante la Visita Sorpresa 181, del 3 de septiembre del 2017.

Con ese cumplimiento, junto a la solicitud de un camión y un tractor agrícola equipado, que también se plasmó, se benefician con desarrollo las comunidades  Palmar de Ocoa, Sabana Buey, El Golfo y Duvergé.

La entrega de los 839 títulos definitivos de parcelas y solares y el uso adecuado de la maquinaria y equipos entregados, hará la diferencia entre lo que existió en el asentamiento y las poblaciones adyacentes y lo que existirá  a partir ahora.

Se recuerda que el 25 mayo, en Pedro Sánchez, El Seibo, el Gobierno entregó 507 certificados de títulos definitivos de propiedad en beneficio de 410 familias de esa demarcación.

La entrega de títulos de propiedad a parceleros y trabajadores de la tierra no es más que el pago de una deuda social de más de medio siglo que nadie se atrevía a saldar. 

 

Perspectiva Ciudadana