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Ramón Núñez Ramírez
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Domingo, 01 de Julio de 2012
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La República Dominicana es uno de los países de la región con menor nivel de gasto público( 15.8% del PIB en 2011 frente a un promedio regional de 21.2%, ver Informe CEPAL 2011).Solo Guatemala y Haití gastan menos que nosotros en relación al PIB; y con ese nivel de gasto es imposible satisfacer las múltiples aspiraciones de esta sociedad y mucho menos cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo; por ello es un imperativo elevar las recaudaciones fiscales lo más cercano al promedio regional y, por supuesto, gasto de calidad, gasto con mayor transparencia y orden de prioridad; y afortunadamente el próximo gobierno contará con las herramientas para avanzar en ese propósito y se trata del conjunto de leyes enmarcadas en la Reforma de la Administración Fiscal y el nuevo marco institucional del Sistema Nacional de Planificación. 

En noviembre del 1996, en la primera gestión del Presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera(PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID en marzo de 1998, pero un Congreso de mayoría perredeista dilató la aprobación del convenio hasta septiembre de 2000. En ese cuatrienio apenas se logró la promulgación de la Ley de Contabilidad Gubernamental (126-01).

En la segunda gestión del Dr. Fernández se reinició la reforma de la administración fiscal y en el 2005 se aprobó la Ley de Tesorería; en enero del 2006 la Ley de Crédito Público y en julio del 2006 la Ley de Contrataciones Públicas; pero fue necesario esperar una mayoría en el Congreso para lograr dar el impulso final con la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarias de Hacienda y Economía, Presupuesto, modificación a la Contratación Pública de Obras, Control Interno y Auditoria, así como el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

Una de las piezas fundamentales de esta reforma de la administración fiscal lo constituye la Ley 5-07 que establece el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), quedando como punto de agenda el establecimiento en cada institución pública de una Dirección Administrativa Financiera (DAF) que debe coordinar su accionar con el Ministerio de Hacienda de Hacienda y los órganos rectores del SIAFE. Una herramienta tecnológica clave lo representa el Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF) que permite producir información confiable y a tiempo para la toma de decisiones, y representa un gran apoyo a la ejecución presupuestaria, la gestión de deuda pública, gestión del tesoro y los registros contables de las transacciones.

Esa Reforma de la Administración Fiscal, así como la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación, representa uno de los grandes logros institucionales de esta gestión, pero todavía adolecen de una implementación a medias, como es el caso de la cuenta única de Tesorería,  el cumplimiento por parte de todas las instituciones de la Ley de Compras y contrataciones o que las obras contempladas en los presupuestos plurianuales hayan pasado por el cedazo de las diferentes etapas señaladas en la Ley de Planificación e Inversión Publica.

Para pretender una educación de calidad, servicios adecuados de salud a todos los dominicanos y dominicanas; Policía Nacional preparada y bien pagada que enfrente el delito, una administración pública de calidad, realización de las obras demandadas por las comunidades y una ejecución presupuestaria que contribuya a reducir la pobreza y estimular la producción, es necesario elevar las recaudaciones tributarias; pero además es necesario gastar con calidad, transparencia, sentido de prioridad social y económica en los proyectos; y todo eso es factible simplemente cumpliendo por parte del Poder Ejecutivo, y haciéndolo cumplir a todos los funcionarios, el conjunto de leyes contentivas de la Reforma de la Administración Fiscal y la Ley de Planificación e Inversión Publica.

Perspectiva Ciudadana