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Ramón Núñez Ramírez
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Domingo, 17 de Junio de 2012
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Unas semanas antes de las elecciones un grupo de intelectuales publicó un documento con la peregrina teoría de que la presente administración es una “dictadura constitucional” e instaban a impedir un nuevo triunfo del PLD y aliados; posteriormente una buena parte de los firmantes se despojaron de la careta de “imparcialidad” y asumieron el respaldo a la candidatura de Hipólito Mejía.  La pasada semana, luego de la derrota electoral, se disparan con otro documento, tratando de ilegitimar los resultados que dieron el triunfo al candidato Danilo Medina,  presagian un periodo de “grandes dificultades para la gobernabilidad y la estabilidad”; pero realmente de lo que se trata es de forzar un acuerdo mediante el cual el Presidente electo le brinde un espaldarazo al auto-proclamado líder de la oposición.

Gastar espacio sobre el manido concepto de “dictadura constitucional” no vale la pena; ciertamente el PLD maneja el Poder Ejecutivo, y seguirá los próximos cuatro años, dispone de mayoría congresional y posiciones en las altas cortes como consecuencia del voto mayoritario obtenido en cinco elecciones consecutivas. El PRD en 2002 también dirigía el Poder Ejecutivo, disponía de mayoría legislativa e influencias decisivas en la SCJ, sin embargo el pueblo, que le dio esa mayoría y ese poder, se lo quitó por el pésimo gobierno de Hipólito Mejía.

Si realmente se tratara de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia, estos señores no asumirían en la litis interna del PRD el apoyo de una facción, la del PPH, que ha intentado suspender al Presidente Miguel Vargas Maldonado, legitimo y electo mediante convención, y expulsar sumariamente varios dirigentes, entre ellos dos Diputados al Congreso.

Estos “Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia” no ocultan su real intención de forzar un acuerdo entre Danilo Medina e Hipólito Mejía; pretenden que el Presidente, a quien no le reconocen legitimidad, otorgue al candidato derrotado la condición de líder del PRD y de la oposición. Incluso recurren a un sutil chantaje, cuando hablan de ingobernabilidad, con el mismo desparpajo como se lo planteó el mensajero de Mejía, su exjefe de campaña, al propio Presidente electo.

Los “Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia” hablan de otra “Reforma Constitucional realizada mediante Asamblea Constituyente”, y necesariamente debemos preguntarles: ¿dónde estaban cuando Hipólito Mejía compró una reforma constitucional hecha a la medida de sus aspiraciones continuistas?

Hablan de la dictadura constitucional y del dominio de varias instituciones del sistema, y de nuevo debemos preguntarles: ¿dónde estaban cuando el Senado del PRD designó una JCE de absoluta factura oficial? ¿Dónde estaban cuando el CNM designó tres jueces de la SCJ sin vista pública y sin escuchar propuestas de la sociedad civil? ¿Donde estaban cuando se apresaban periodistas? ¿Dónde estaban cuando Mejía usurpó la institucionalidad partidaria y realizó un mamotreto de convención para proclamarse candidato a la reelección? 

No se compadece un real compromiso con la democracia  y simultáneamente estar trabajando a favor de una facción, el PPH, que en el pasado proceso electoral formó grupos paramilitares para desconocer la voluntad popular, que violó el derecho a la intimidad hackeando computadoras oficiales, falsificó documentos para difamar la candidata Vicepresidencial e hicieron de la calumnia y la campaña sucia sus principales armas.

Las amenazas de ingobernabilidad, para forzar un acuerdo Medina-Mejía, representa un chantaje llamado a fracasar porque la gobernabilidad está garantizada con la expresión manifestada en el 51.21% de los sufragios, la amplia mayoría en el Congreso y una próxima administración encabezada por un demócrata consumado, que firmará con todas las fuerzas políticas y sociales los tres pactos contemplados en la END, y que con su acción de gobierno y las reformas económicas, sociales e institucionales consolidará un mayor estado de derecho e institucionalidad democrática.

Perspectiva Ciudadana