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Rafael Sánchez Cárdenas
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Jueves, 09 de Agosto de 2012
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1-     

A raíz de la propuesta de Valerie Juliand, PNUD, de promover en el país una amnistía general para los haitianos residentes ilegales, pero con arraigo, sectores políticos del vecino país han postulado por la liberalización de la frontera dominico-haitiana. Un modelo de libre circulación de la gente entre ambas naciones, cada quien guiado por la búsqueda del bienestar propio.

Pedir igual trato para los migrantes en Europa y EE.UU. nivelaría, por universalista, los criterios para las nacionalizaciones y más aún para la circulación libre de la mano de obra, en las mismas condiciones en que se suele postular y defender la libre circulación de mercancías. Si el producto del trabajo recibe el privilegio de eliminarle las trabas arancelarias en cada país, para su fácil nacionalización, sería lógico asumir, siguiendo el razonamiento base del libre comercio, que también  la fuerza de trabajo reciba un trato similar en todos los países. Así, los dominicanos serían, por efecto de una liberalización de fronteras o una amnistía global, españoles, estadounidenses, argentinos, franceses, ingleses, alemanes, panameños y creo que hasta chinos.

Los migrantes del mundo serían amnistiados o libre circulantes en la tierra. Sin barreras migratorias y amnistías generales, el mundo sería una aldea real. Una pradera Kalahari para movernos de aquí hasta allá en busca de satisfacer nuestras necesidades traspasando las fronteras tradicionales de los países sin ser molestados.

Sería el inicio de una nueva historia para todos, acotejando lo que la vieja historia trastocó. 

2-     

El periódico español El País  reseñó el martes pasado que el Ministerio de Sanidad cobraría 59,2 euros mensuales a los inmigrantes sin permiso de residencia en España, a los que el Gobierno retiró el derecho de asistencia sanitaria gratuita en la red pública. La orden ejecutiva establecería que serían exceptuados las embarazadas, menores de 18 años, los asilados y las víctimas de trata, quienes, sin embargo, tendrían que pagar el 40% del costo de los medicamentos que reciban (copago). La medida es el complemento de una orden real previa.

No se conoce de algún escándalo internacional o declaración alguna de la OMS o del sistema de Naciones Unidas con relación a la desprotección humana en que quedan estos ciudadanos.

La pregunta sería si teniendo la República Dominicana un gasto en salud consagrado a la población migrante haitiana, como el que tiene, recibiría con igual indiferencia de la comunidad internacional  una orden ejecutiva similar del Ministro de Salud Pública dominicano contra los pobres haitianos, que carecen de todo en su propio país.

3-     

El proyecto de ley que busca regular los salarios en el Estado se encamina a ser aprobado y promulgado con un mal de fondo: la falta de universalidad regulatoria. El Congreso y el Banco Central han sido excluidos del régimen normativo. La inclusión del Banco Central entre los favorecidos con tales privilegios parecería justificar la labor legislativa auto-protectora de la Cámara de Diputados, pero sin conseguirlo.

El espíritu que va primando en el conocimiento de este Proyecto de ley se va pareciendo mucho a aquél que campeó en las discusiones de la Ley 87-01 del SDSS que terminó autorizando la creación y/o contrataciones de ARSs particulares para diversas agencias del mismo Estado Dominicano para satisfacer intereses particulares en perjuicio de la eficacia y la igualdad general del sistema.

 

¿A qué atribuir el comportamiento y el trato tan sesgado a problemas como estos?  Hay una evidente tendencia a soslayar la importancia de los enfoques integrales a los problemas; una inclinación al desarrollo y protección de intereses particulares en perjuicio del necesario equilibrio e igualdad en la regulación y tratamiento de los problemas modernos. Una doblez inaceptable para todo espíritu que se funde en la justicia y la igualdad.      

Perspectiva Ciudadana