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Pavel Isa Contreras
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Miércoles, 12 de Junio de 2013
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En las sociedades capitalistas, el precio del trabajo no se determina libremente en el mercado. El consenso que se ha forjado por décadas es que el salario es un precio demasiado importante, el cual debe ser establecido a través de mecanismos de decisión política. La forma más simple que ha adoptado ese mecanismo es los salarios mínimos,  revisados periódicamente. Y aunque el salario mínimo sólo es formalmente efectivo para las entidades que son regulables como las empresas formales y el sector público, es claro que termina siendo una guía para el comportamiento del resto de las remuneraciones laborales.

Hay al menos cuatro razones por las que los salarios y otros beneficios laborales son regulados. La primera es que se procura, con mayor o menor efectividad, que la fuerza de trabajo tenga la posibilidad de desempeñarse como tal y de reproducirse. La segunda va un paso más allá de la primera y es que el trabajo resulte en una vida digna. Esta razón parte de una perspectiva ética que pone la atención en la superación de las privaciones humanas. Asegurarse de que el salario mínimo sea suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica y el seguro de salud son quizás los ejemplos más conspicuos de esa preocupación. Las dos razones anteriores suponen que sin la regulación los salarios y las condiciones de vida en general declinarían hasta niveles éticamente inaceptables.

La tercera tiene que ver con la protección de la población empleada, especialmente cuando la caída en la actividad económica o los cambios tecnológicos fuerzan al desempleo. La economía capitalista tiende a generar crisis recurrentes. Frente a ellas se han diseñado dispositivos como la cesantía o el seguro por desempleo para proteger temporalmente a la población afectada. De paso, esto contribuye además a evitar que las crisis sean menos profundas porque impiden que la demanda agregada y la actividad económica se desplomen aún más.

La cuarta es simple y sencillamente el poder que han acumulado los sectores laborales y que han empujado a crear y sostener, con mayor o menor efectividad, los esquemas de salarios mínimos y de beneficios sociales como la protección.

Desde la teoría económica tradicional se argumenta que las regulaciones laborales como los salarios mínimos y otros beneficios incrementan el desempleo y fomentan el empleo informal, porque encarecen la contratación. Sería insensato no reconocer eso.

Sin embargo, difícilmente el costo laboral sea la principal explicación del desempleo y del empleo informal. Estos y el subempleo existen y crecen principalmente porque la economía crece poco, o porque el crecimiento es muy concentrado y no genera empleos suficientes. Después de todo, el empleo se crea cuando hay oportunidades de negocios, especialmente en sectores que generan muchos puestos de trabajo, y eso sólo sucede cuando existe un crecimiento de base amplia, y cuando las expectativas de consumo y de ventas están en expansión, algo que no se logra con salarios en declive.

Por eso, reducir los costos laborales es una estrategia poco inteligente para generar empleos, aunque haya algunos costos que se puedan reducir sin generar impactos negativos en la población trabajadora o haya algunos mecanismos de protección que puedan ser perfeccionados para hacerlos más efectivos y con menores costos.

En el país, la cesantía ha sido el costo laboral más cuestionado por sectores empresariales. Se argumenta que es muy costoso despedir trabajadores, especialmente cuando los contratos han sido largos, contribuyendo a precipitar las quiebras en tiempos malos, principalmente de los pequeños negocios formales. El argumento es verosímil.

Lo que es menos creíble es que reducir la cesantía creará más empleos. Es poco probable que debido a la cesantía, una empresa, en un escenario prometedor y dinámico, lo piense dos veces antes de contratar personal si esto le va a permitir aprovechar una buena oportunidad.

Precarizar el trabajo es una respuesta pobre a la informalidad, el desempleo y el subempleo. Los bajos salarios y la desprotección no crean empleos. Lo que crea empleos es el desarrollo productivo, y el crecimiento sostenido de la demanda y de las exportaciones de bienes y servicios. 

En otras palabras, el camino no es hacia abajo, sino hacia arriba.

Twitter: @IsaPavel

Perspectiva Ciudadana