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Ramón Ramos
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Viernes, 03 de Agosto de 2012
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Senado aprobó de urgencia este jueves, con modificaciones, el proyecto que regula los salarios en el sector público y establece un sueldo de 450 mil pesos al presidente de la República, y 400 mil para los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y el Vicepresidente de la República. El Banco Central, establece la pieza, que luego de ser promulgada la ley, un plazo de dos años para que revise la escala salarial, según lo dispone el párrafo octavo en las disposiciones transitorias. El presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez y José María Sosa, sometieron las modificaciones al proyecto original del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establecía medio millón de pesos de salarios para los presidentes de los tres poderes del Estado.

La pieza del MAP establecía salarios para el vicepresidente de la República y presidentes del Tribunal Constitucional, de 400 mil pesos mensuales, y RD$375 mil al presidente del Tribunal Superior Electoral.

También fijaba que los presidentes de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, ministros de carteras y el Procurador General de la República, ganarían 350 mil pesos.

Las modificaciones fijan que los presidentes del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, devengará 375 mil pesos, y el presidente  de la Cámara de Cuentas RD$350 mil, en tanto que los ministros, el Procurador General de la República, y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, recibirán un sueldo mensual de RD$300 mil, y el Defensor del Pueblo,  250 mil pesos.

El artículo 13 del proyecto establece ahora que la escala salarial que regirá para los senadores, diputados, jueces de la SCJ y demás del Poder Judicial, Tribunales Constitucional y Superior Electoral; del Ministerio Público y titulares de la JCE, Cámara de Cuenta, Defensor del Pueblo y adjuntos, Junta Monetaria, Banco Central y servidores públicos dependiente de esos órganos y entes constitucionales, se establecerá por resolución dictada por las autoridades competentes o por el reglamento que  dictará el Presidente del República.

El artículo 17 dice que “el Ministerio de Administración Pública, queda facultado para revisar cada dos años y actualizar, si procede, las escalas salariales establecidas de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, y presentar al Presidente de la República, una propuesta de ajuste salarial, tomando en cuenta para su indexación la tasa de inflación correspondiente publicada por el Banco Central”.

Agrega el párrafo que el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y demás órganos y entes de origen constitucional, y los que integran el MAP, local, revisarán y actualizarán los salarios de sus funcionarios y empleados.

El artículo 19 establece que ningún caso puede ser objeto de embargo los salarios que devenguen los funcionarios y empleados públicos, salvos en los casos establecidos en las leyes.

También el artículo 21 indica que los funcionarios citados en el artículo 20, no tendrán derecho a gastos de representación mensual por un monto máximo de un 15% de su salario base. Pero el mismo no se aplica al presidente y al vicepresidente de la República, presidente del Senado, Cámara de Diputados, SCJ, tribunales Constitucional, Superior Electoral, Cámara de Cuentas y JCE.

Las tarjetas de créditos  quedan prohibidas su asignación y el uso de este documento a los funcionarios de alto nivel establecidos en la ley, con excepción del presidente y vicepresidente de la República, presidentes del Senado, Cámara de Diputados, SCJ, y titulares de órganos y entes de origen constitucional.

En el párrafo quinto de las disposiciones transitorias, indica que a partir de la entrada en vigencia de la ley, todos los funcionarios contemplados en su ámbito de aplicación entregarán  sus tarjetas de crédito a la Contraloría de la República en un plazo de 10 días para los fines de su cancelación, para que el Procurador proceda sin demora a realizar su cancelación.

Julio César Valentín respaldó la iniciativa del MAP y las modificaciones que introdujo el titular del Senado Pared Pérez, que enriquecerá la pieza, porque corregirá distorsiones existentes en el Estado.

Deploró que hay funcionarios que violan el mandato otorgado por el pueblo y la confianza del Presidente de la República, que se incrementan hasta ocho veces el sueldo durante su gestión, y se van con pensiones onerosas, “pero les llegó la hora a esos funcionarios, y este Senado manda un mensaje claro de frenar esos pingües beneficios que recibían”.

Pared Pérez, dijo que ha visto artículos en la prensa escrita, donde se recurren al artículo 225 que establece la autonomía financiera que establece el Banco Central, “pero si vamos ellos se establece al Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral,  y de la Cámara Cuenta que está protegida por el artículo 148 de la Carta Magna.

“Es un infeliz argumento, tratando de defender a lo que es a toda luces una ilógico, porque el artículo 144, de la Constitución estable la “ley la compensación”.

Emplazó y retó a cualquiera en el país, a que examinen los papeles los estados financieros a los que han criticado el manejo de los recursos del Fondo Social del Senado del Distrito Nacional, y se comprueban que he gasto personalmente un solo peso, renuncio de la presidencia del Senado y como senador del Distrito Nacional.

A solicitud del senador Tommy Galán, se eliminó el párrafo del artículo 31 sobre suspensión y pensión o jubilación que establece:“Al momento del funcionario o servidor público cesar en el servicio, recupera su derecho a la pensión o jubilación suspendida y el monto de la pensión o jubilación  será computado tomando como base el último salario percibido, recibiendo los beneficios equivalente a porcentaje establecidos sobre ese último salario”.

 Sesión

El Senado aprobó hoy el proyecto sobre declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, introducido por los senadores Charles Mariotti y Julio César Valentín, y pasará a la Cámara de Diputados para su debate.

Otra pieza sancionada en primera lectura la que modifica los artículos 2 y 4 de la Ley 139-97, que excluye el 6 de enero, Día de Reyes y 26 de enero Día de Duarte, de los días feriados sujeto a traslado, de la autoría de la senadora Cristina Lizardo.

Otro proyecto aprobado es sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, del senador Félix Bautista, y Los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto que reforma algunas disposiciones del Código Civil sobre derecho sucesorio.

También fue aprobado el proyecto que crea el Instituto Dominicano de Investigación Agro y Forestal (IDIAF).

En la sesión, los senadores Amílcar Romero, Charlies Mariotti y Luis René Canaán, defendieron la calidad del salami registrado que se produce en el país, y luego de exposición en el hemiciclo, salieron y cometieron del producto en presencia de los periodistas.

ANJE dice son preocupantes cambios

En ocasión del resultado del Informe del Proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado, que rindió la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado de la República, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) declaró que los cambios realizados son de alta preocupación y contrarios a la Constitución dominicana que ordena sea a través de una Ley que se establezca la escala salarial. La Asociación resalta que el artículo 144 de la Carta Magna dispone que la Ley establecerá las modalidades de compensación de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a los criterios de méritos y característica de la función a desempeñar. Sin embargo, la versión modificada del Proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado faculta al Presidente de la República a fijar la escala salarial mediante Reglamento, a propuesta del Ministerio de la Administración Pública, lo cual entienden no responde al mandato Constitucional.

El señor Manuel Cabral F., Presidente de ANJE agregó que, “para nuestra institución no es adecuada la facultad que otorgaría este Proyecto al Presidente de la República, y por tanto, abogamos porque la regulación establezca una estructuración general del nivel salarial detallada para cada funcionario en la prestación del servicio, contraria a la práctica que es ejercida hoy día.” Para el gremio empresarial el espíritu de la Constitución en esta área es garantizar la transparencia y objetividad en la fijación salarial de la administración pública, de manera que no quede bajo la discrecionalidad de ningún órgano o funcionario del Estado esta atribución, si no a través de una Ley.

Adicionalmente los jóvenes empresarios agregaron que el informe de la Comisión del Senado modifica el Proyecto estableciendo montos salariales específicos para los funcionarios de alto rango, lo cual debe ser sopesado si es prudente incluir esa disposición o no para evitar que la Ley que se apruebe sea obsoleta en el tiempo. Además, ANJE sostiene que el Principio de Equidad en la regulación salarial que propone el referido Proyecto es importante, sin embargo resalta que de acuerdo al artículo 144 de la constitución dominicana, la compensación salarial debe responder a las características y competencias de la prestación del servicio.

Finalmente, Cabral en representación de ANJE hace un llamado al Senado a no festinar el referido Proyecto de ley tan importante para la nación, sin antes realizar una revisión profunda y adecuada del mismo, que mantenga el espíritu constitucional y naturaleza jurídica de su aprobación.

Perspectiva Ciudadana