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Miércoles, 08 de Agosto de 2012
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El doctor Carlos Amarante Baret consideró que el Congreso Nacional debe aprobar el Proyecto de Ley de Salarios para el Sector Publico, regulando a todos los estamentos del Estado, incluyendo al financiero oficial que se opone radicalmente a la medida. Precisó que  quienes se oponen a que se les disminuyan sus sueldos deben establecerse empresas privadas, donde  cada quien tiene derecho a ponerse el salario que desea, pero el Estado no puede continuar con la idea de que los principales ejecutivos de instituciones oficiales, puedan decidir qué cantidad de dinero deben de ganar o sus colaboradores más cercanos.

El doctor Amarante Baret, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que los legisladores deben entender que el pueblo los está vigilando y que la Ley de Salarios no es un invento del ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo.

Afirmó que se trata de un proyecto de esa organización política que se está ejecutando a través del proceso de reforma y modernización del Estado, impulsado por el Presidente Leonel Fernández.

“Un proceso que cuenta con el total apoyo del Presidente electo de la República, licenciado Danilo Medina”, dijo el ex director de Migración.

Dijo que si los congresistas no aprueban el Proyecto de Ley regulando a todos los sectores y favoreciendo a la mayoría de los servidores públicos, no queda otra alternativa que no sea que el Presidente Medina lo haga por decreto.

El dirigente político dijo que es un chantaje del sector financiero del gobierno, la amenaza de que muchos de sus funcionarios se irían  de la administración pública si les son disminuidos sus salarios, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña.

¿Para dónde van a coger, porque el sector privado no tiene dónde tener a tantos técnicos, ni tiene tantos empleos?, sed preguntó el doctor Amarante Baret.

Observó que es lamentable que haya funcionarios del propio gobierno del PLD, que están acabando con el ministro de Administración Pública. Dijo que a él le duele que un funcionario, en un gobierno del PLD, gane un salario de un millón de pesos mensuales.

Manifestó que en el país no debe haber auto-regulación salarial en el Estado, porque eso no está bien, sin importar lo que digan los constitucionalistas, los cuales están defendiendo al sector financiero del gobierno para que se le deje fuera de la iniciativa.

Observó que no es verdad que por el hecho de que el Estado esté organizado en tres Poderes independientes y porque el Banco Central tenga autonomía constitucional,  tiene la facultad, dentro del ámbito de la nueva Constitución de la República, de auto-regularse en materia salarial.

Recordó que en una reunión que organizó el Presidente Fernández (en 1997), un año después de la victoria electoral del PLD, éste confesó que el mayor error de su gobierno fue el de aprobar aumentos salariales para los altos funcionarios antes que hacerlo a favor de la mayoría de la administración pública.

“Yo soy uno de los que cree que si se exceptúa de la regulación salarial al Banco Central, Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos y demás Poderes del Estado, alguien pudiera decir que se está legislando de manera privilegiado para determinados sectores del poder”, agregó el doctor Amarante Baret

Manifestó que eso está penalizado por la misma Constitución de la República, la cual establece que todos somos iguales y que no pueden haber privilegios. Agregó que el país quiere una Ley marco en materia de salarios. Dijo que la regulación de los salarios no motivará la pérdida de capital humano, como alegan algunos técnicos o defensores de éstos.

Precisó que Ventura Camejo cuenta con todo el respaldo del actual Presidente de la Republica y del próximo gobernante de la nación, que asumirá sus funciones el día 16 de este mes.

Indicó que el Congreso Nacional debe regular los salarios basado en los artículos que van desde el 138 al 148 de la Constitución de al República, los cuales le dan facultad al Ministerio de Administración Pública (MAP), para impulsar esa iniciativa. Dijo que no se  trata de una decisión administrativa, sino una Ley, y nadie debe estar al margen de ésta.

Perspectiva Ciudadana