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Julio Sánchez-Maríñez
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Lunes, 12 de Septiembre de 2011
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Si se pretende hacer realidad efectivamente el Compromiso político y social por la educación suscrito el pasado 7 de septiembre por los candidatos a la Presidencia de la República, se requiere instituir un amplio pacto, delineado en ese documento, y una alianza social sostenida gobierno-sociedad. Alianza social sostenida en el que las organizaciones sociales demanden, participen y también respalden activamente los esfuerzos que un nuevo gobernante y gobierno desplieguen para dar cumplimiento a los muy necesarios, pero también exigentes compromisos planteados en ese importante documento.

En efecto, el pasado 7 de septiembre presenciamos lo que se espera sea mucho más que un episodio, presenciamos además la cresta de la marea de un importante  movimiento social, pero, por otro lado, simplemente  la posible antesala de una necesaria alianza social de larga duración.

Sin lugar a dudas, la firma, por parte de los distintos candidatos a la Presidencia de la República del Compromiso político y social por la educación, de acuerdo a la convocatoria dirigida por distintas organizaciones sociales agrupadas en la Coalición Educación Digna, fue un suceso inusitado en el devenir político y social de nuestro país, resultante de la demanda articulada por la  Coalición que ha orquestado la más importante, sostenida y creativa movilización social del que hemos sido testigos los dominicanos en los últimos años.  

Presenciamos también la antesala de lo que puede ser un camino altísimamente esperanzador, pero tan demandante y complicado como subir el Everest, lleno de complicaciones y de obstáculos que no deben ser subestimados, no solo de carácter técnico o administrativo, sino institucionales, culturales y socio-políticos. Camino que, para ser transitado, requiere de una fuerte y preclara alianza gobierno-sociedad que impulse los avances, mitigue los riesgos y enfrente los obstáculos que se irán presentando.

En ese camino el asunto de los recursos es clave y fundamental. Pero, con suficiente y decidida voluntad política, no es, con todo, el más difícil.

En lo que concierne a los recursos, uno tras otro, diez candidatos presidenciales estamparon sus firmas en el documento, comprometiéndose a cumplir con dedicar a la educación en el presupuesto nacional el equivalente al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que consigna la Ley 66-97, aplicable a partir de 2013 y a aumentarlo progresivamente en los cuatro años del próximo mandato gubernamental. De hecho, el compromiso implica que el próximo Presidente de la Republica deberá hacer “los esfuerzos que estén a su alcance” para continuar aumentando los recursos destinados a la educación “hasta alcanzar un 8% al final de la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2030".

Más allá de la cuestión de los recursos, aunque contando con ellos, en Compromiso político y social por la educación se esbozan las bases de un programa para la transformación de la educación dominicana en cobertura, calidad y equidad.

De hecho, en el documento se establecen demandas relativas al diseño y ejecución de “políticas y medidas de gestión administrativa orientadas al logro de un uso óptimo” de los recursos dedicados a la educación, incluyendo el desarrollo de "capacidades de gestión a lo interno del Ministerio de Educación:[sic] Consejo Nacional de Educación, órganos de gestión de la Sede central, de las regionales, de los distritos y de los centros educativos”. Al respecto se destaca la necesidad de un “Sistema de Gestión Financiera que garantice que cada peso se utilice para el logro de más y mejores aprendizajes de los estudiantes  y de un “Sistema de Gestión de Personal que se base en el mérito y el buen desempeño de los funcionarios y profesores, que garantice las competencias profesionales y éticas de todo el personal del sistema educativo”.

El documento suscrito por los candidatos presidenciales requiere, además, avances en la descentralización del sistema educativo y la participación social y ciudadana en el mismo, a todos los niveles, pues implica que se de “cumplimiento al mandato de la ley para descentralizar el Ministerio de Educación. En este aspecto, se aprovechará al máximo los estudios ya realizados, para lograr articular un sistema descentralizado eficaz y efectivo de gestión educativa, que promueva, al mismo tiempo, una sana participación de la comunidad en la gestión educativa a nivel de las Direcciones Regionales, los Distritos Educativos y los centros escolares”.  Concomitantemente, el documento suscrito requiere del próximo gobierno el compromiso con el diseño de “estrategias y políticas para movilizar a las comunidades para que participen a nivel de los Distritos Educativos y de los Centros en la supervisión del buen uso de los recursos que deberán fluir a estos niveles como resultado de la aplicación de la descentralización prevista en la Ley”.

Entre otros aspectos, en Compromiso político y social por la educación se demanda “poner en ejecución estrategias, políticas y programas orientados a la formación y la dignificación del maestro y de los directivos del sistema educativo, incluyendo las condiciones de trabajo y el garantizarles un salario decente, que se corresponda con la importancia de la tarea que se ha puesto en sus manos”.  Pero, haciendo honor a la importancia de esa tarea puesta en manos de los docentes, se demanda también “crear las condiciones  para que desarrollen las competencias  que les permitan asumir el papel que les corresponde en esta etapa del desarrollo de la educación nacional”.  Si quien escribe este artículo hubiera podido sugerir algo al documento, habría sido la de precisar que las condiciones deberán ser para el desarrollo de esas competencias y para su puesta efectiva en uso con resultados aceptables.

Sin entrar a glosar otros puntos específicos del documento-compromiso, los anteriores, además de resultar centrales, deben ser suficientes para que reconozcamos lo titánico de las tareas que quedan por delante, las cuales no son posibles sin mayores recursos (el 4%), aplicados de manera sostenible e incluso siendo aumentados según se prevé. También está por delante la capacidad para hacer buen uso de esos recursos, buen uso en términos de honestidad, probidad e integridad en su administración, y buen uso en términos de la inteligencia y efectividad en su aplicación.

La capacidad a la que nos referimos los autores del documento y con ellos quien escribe este artículo, no es solo técnica, es también y, en gran medida, política, social y cultural.  Porque, como muy bien expresa Coalición en el documento: “Lograr estos objetivos representa un gran desafío pues implica desterrar del sistema de gestión de la educación un conjunto de actitudes y prácticas ligadas al clientelismo, a la inobservancia de las leyes, normas y reglamentos, que permiten la dilapidación de recursos y la escasa efectividad de los planes y programas educativos. Hay que desarrollar la consciencia de que cada peso mal empleado y cada persona incompetente en una posición del sistema educativo resta oportunidad a niños, niñas, personas jóvenes y adultas de recibir una educación de calidad,  esto es moralmente inadmisible”.

Desterrar del sistema de gestión de la educación un conjunto de actitudes y prácticas ligadas al clientelismo, a la inobservancia de las leyes, normas y reglamentos, nos abarca e implica a todos, en la sociedad dominicana. A gobernantes y políticos, en primerísimo lugar. Pero, en un sistema tan amplio (tan societal, querría decir), tan nacional, como el educativo, descentralizado y participativo, a nivel regional, distrital y de centro educativo, esa demanda toca a los directivos y técnicos, a los docentes, a los sindicalistas, a los munícipes y sus autoridades locales, a los legisladores y funcionarios públicos de cualquier ámbito (especialmente cuando actúan en sus escenarios provinciales y locales), a los padres y tutores de los estudiantes, a los estudiantes mismos y, así, a toda la ciudadanía. 

El clientelismo, la inobservancia de las leyes, normas y reglamentos, el relajamiento en el cumplimiento de los deberes, corroe la sociedad toda y requiere de un profundo movimiento político, social y cultural para ser enfrentado con éxito y efectividad.  La principalísima responsabilidad de políticos y gobernantes no excluye, en modo alguno, la de otros actores sociales, especialmente de aquellos organizados en cualquier modalidad de organización.

En los días venideros tendremos oportunidad de debatir sobre las propuestas que los distintos candidatos puedan tener sobre sus enfoques y estrategias para la transformación de nuestro sistema educativo y el cumplimiento de los compromisos contraídos al firmar el trascendental documento del pasado 7 de septiembre.  Entre esos planteamientos podremos ver como abordan, si lo hacen, la tarea de forjar la necesaria alianza gobierno-sociedad sin la cual esa crucial transformación no será viable.

Perspectiva Ciudadana