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Diana Carolina Alfonso
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Miércoles, 17 de Junio de 2020
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En El Salvador la condición de mujeres e infancias se ha agravado brutalmente en el actual contexto de confinamiento.

Una violación sexual cada siete horas ocurrió en promedio en El Salvador entre marzo y mayo, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil. Esas 330 violaciones reportadas por la policía desde el inició de la cuarentena domiciliaria representan, sin embargo, una disminución de 182 casos con respecto a 2019.

Para Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la pandemia ha puesto “en jaque” al sistema de atención a víctimas de violencia sexual, pues obligan a la persona a presentar una denuncia, en la mayoría de ocasiones, de forma presencial para activar el protocolo de investigación del delito correspondiente.

De todas las víctimas de violencia sexual, de acuerdo con Ima Guirola de Cemujer, el 10% son varones. No obstante “no hay un abordaje especializado ni en el caso de las mujeres o los hombres, y 8 de cada 10 víctimas están en la adolescencia y la niñez”, aclaró la representante da Cemujer.

Uno de los agravantes de la situación salvadoreña tiene que ver con la construcción de masculinidades violentas devenidas de las aperturas neoliberales, los abusos militares de la guerra civil, el deterioro de las relaciones intercomunitarias y la desregulación de la coacción a través de bandas del crimen organizado o maras.

En El Salvador se registra una fuerte tendencia hacia la culpabilización de las mujeres e infancias violentadas por estas masculinidades. Es de esperar que el miedo al escarnio social inhabilite aún más la posibilidad de denuncias. Además la criminalización de los cuerpos gestantes es una constante, ya que en el país centroamericano el aborto, incluso el aborto espontáneo, es penalizado con cárcel.’

En marzo de este año el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en el país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas. Ese mismo mes el movimiento de mujeres tomó las calles de San Salvador para denunciar el recorte de recursos a las instituciones encargadas de velar por sus vidas y las de sus hijos.

La exguerrillera y coordinadora del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, María Delia Cornejo, le exigió al gobierno del empresario Nayib Bukele que retome los programas que retiró del presupuesto del 2020, ya que fueron “más de 61 millones los que [Bukele] quitó a los programas de las mujeres especialmente en el tema de violencia”.

En ese orden de ideas, las violaciones y embarazos forzosos de adolescentes aumentan descomunalmente, mientras que los cuerpos gestantes no pueden acceder a la interrupción voluntaria de los embarazos, llegando a sufrir condenas de hasta 40 años de prisión. Este fue el caso de María Teresa Rivera, una mujer que en 2011 sufrió un aborto espontaneo. La lucha por la liberación de Rivera se convirtió en la punta del iceberg de la agenda del movimiento de mujeres.

Ante este escenario la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido que durante la crisis sanitaria se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19.

A nivel mundial muchos países han acatado las recomendaciones de la ONU al respecto de la reducción de población penitenciaria para mitigar la pandemia:

En Chile se ha otorgado la libertad a mujeres que hayan cumplido un tercio de la condena; y aquellas estuviesen embarazadas o tuvieren un hijo o hija menor 2 años que resida en la unidad penal.

En Colombia se le ha dado el beneficio de detención domiciliaria a mujeres gestantes o con hijos menores de tres años.

En México se ha concedido la libertad a mujeres acusadas del supuesto delito de aborto, y por extensión a personal de salud que haya llevado a cabo el procedimiento sin violencia y con consentimiento de dicha mujer.

En Brasil se ha recomendado la revisión de detenciones provisionales para liberar a mujeres gestantes, lactantes o madres o personas responsables de niños de hasta 12 años o de personas con discapacidad, así como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o personas en grupo de riesgo.

Perspectiva Ciudadana