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Guillermo Ricart Calventi
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Martes, 23 de Octubre de 2012
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Asumida para los alcances de estas notas la definición del concepto gobernabilidad como “estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental”, así como, asumida  la definición del concepto “poderes facticos” como los atribuidos  a sectores que con recursos propios, peso social e institucional, inciden en la formación de la opinión pública y en la aprobación o rechazo de cualquier reforma, es posible una aproximación a la actual coyuntura política dominicana.

De un lado, los partidos políticos, cuya competencia  recicla y legitima cada cuatro años los poderes públicos, y por otro lado, la población, cuya búsqueda de la igualdad, participación y compromiso, ejerce enorme presión sobre estos de cara a la formulación de políticas públicas y actividades gubernamentales para satisfacer sus demandas.

La existencia sistémica de conflictos recurrentes a propósito de crisis económicas y deuda desde la década del setenta ha forzado la introducción continua de modificaciones  y reformas  en el modelo económico y el régimen político con el fin de garantizar la gobernabilidad democrática.

En ese sentido, puede decirse que la elección del Presidente Medina ha sido un mandato mayoritario para que se emprendan cambios en todos los ámbitos de la vida nacional o de lo contrario estamos abocados a un desbalance aun mayor del existente entre la capacidad gubernamental y las demandas de la sociedad, lo que  malograría la estabilidad, afectaría el clima de negocios e inversiones y pondría en riesgo la legitimidad del liderazgo político.

En este contexto, la ciudadanía no debe permitir ni perdonar que los llamados “poderes facticos” actúen en sentido contrario al interés nacional.

 Los partidos políticos están en el deber  de moverse con absoluta transparencia y responsabilidad, sin dejarse instrumentalizar al servicio de los sectores que carecen de poder político pero que cuentan con medios y recursos no solo para exponer y garantizar sus intereses particulares, sino también, para conspirar contra la continuidad de la gobernabilidad democrática.

En su inmensa mayoría los electores dominicanos votaron recientemente por el cambio, las circunstancias, derivadas o no del déficit fiscal actual, reclaman tanta austeridad como inversión pública para hacer frente a los reclamos y demandas populares.

Para ello, debemos arribar prontamente al Pacto Fiscal contemplado en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo,  aprobar un presupuesto y una Ley de Gasto Publico para el desarrollo y la gobernabilidad.

Perspectiva Ciudadana