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Guillermo Ricart Calventi
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Martes, 13 de Noviembre de 2012
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Promulgada la ley 253-12 de Reforma Fiscal que persigue hacer justicia mediante una distribución más justa de la carga tributaria, combatir la evasión y el contrabando, estimular la formalización de amplios sectores y cumplir con las metas de desarrollo  del país, de todas formas tenemos metas inmediatas que alcanzar.

La primera y la más importante de todas es garantizar la estabilidad macroeconómica y preservar la confianza en las políticas públicas, de manera que podamos continuar creciendo como lo hemos logrado hasta ahora.

Así que, quienes insisten en rechazar la iniciativa gubernamental, en oposición a la llamada “impunidad” y condicionan toda negociación  a la persecución penal de los supuestos “culpables” del déficit fiscal, no deben perder de vista, que la gobernabilidad democrática tiende a resquebrajarse cuando los gobiernos carecen de los recursos necesarios para hacer frente a las demandas impostergables.

Deberían saber que resultan de algún modo absurdas e insostenibles las posturas radicales que a lo sumo apuestan a crear dificultades y poner en peligro las iniciativas y políticas públicas solidarias de la administración Medina.

De lo que se trata a partir de ahora, de cara a la sostenibilidad y el cumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es a mantener negociaciones que nos permitan arribar a un nuevo consenso nacional sobre el Pacto Fiscal, el Pacto Eléctrico y el Pacto por la Educación. Manos a la obra.

Perspectiva Ciudadana