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Francisco Luciano
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Jueves, 06 de Septiembre de 2012
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Se acerca la tradicional discusión anual de la Ley de Nacional Presupuesto de Ingresos yGastos Públicos,  que  regirá  la Republica Dominicana para el año 2013 y es propicia la ocasión para que antes de que el presupuesto sea conocido, el congreso nacional corrija  el sonido de la carreta vacía que tantos ruidos  crea en torno a su discusión cada año con el reclamo de una  cantidad de instituciones que “exigen” se le asigne determinado porcentaje del presupuesto al que tienen “derecho” por Ley.

Se pierde mucho tiempo y recursos en el esfuerzo inútil de hacer cumplir aspectos de leyes que son nulos, por constituir absurdos lógicos, pues si revisamos el glosario de leyes que consignan la asignación de porcentajes del presupuesto de cada año, llegaremos a la conclusión de que la suma de las partidas   es más que el 100%, lo que las hace inaplicables, siendo el único porcentaje obligatorio  el de asignar el 4% del Producto Interno Bruto  para la educación,  que es equivalente al 16% del presupuesto, en razón de que es una disposición constitucional a la que no puede rehuirse por más tiempo.

El otro aspecto que habría que aclarar al momento de distribuir en porcentajes previos el presupuesto nacional, es el atinente a si los porcentajes deben extraerse del monto global del presupuesto, incluidos los créditos para repago de deudas y obras de infraestructuras o si es solo de las recaudaciones que el estado recibe por los distintos conceptos impositivos.

Lo cierto es que resultan chocantes los cálculos que se presentan de las partidas que según la Ley que las rige “corresponden” a las instituciones, ya que si en el presupuesto se contempla determinado porcentaje, estos lo calculan incluyendo los préstamos para proyectos  de desarrollo específicos o peor aun de los que se consignan para cambiar de acreedor en muchos casos.

Esta situación debe ser corregida de inmediato previa a la formulación del presupuesto del 2013,  para evitar las acostumbradas alharacas de reclamar lo imposible, que solo contribuye a generar tensiones improductivas a un país que está obligado a enfrentar convalentía sus grandes inequidades sociales y económicas, siendo ahí donde debe invertir las energías de sus dirigentes y ciudadanos.

Desde que tengo uso de razón escucho a los incúmbente de  instituciones del estado, quejarse amargamente y a veces denunciar con acritud que no se ha cumplido con la asignación de la partida presupuestaria que la Leyes orgánicas de dichas instituciones establecen, razón por la cual justifican ineficiencias y distorsiones inaceptables en las instituciones que manejan.

Este  año la historia puede ser diferente si el congreso es apoderado de una iniciativa que” derogue toda Ley o parte de Ley  adjetiva  que comprometa porcentajes específicos  del presupuesto nacional”.

Esta medida evitaría que los poderes públicos se vean obligados a validar un presupuesto que será acusado de violentar tales o cuales leyes, además de que sería unabuena manera de hacer lo que nunca se hizo corrigiendo lo que está mal.

 

El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.

Perspectiva Ciudadana