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MANUEL SÁNCHEZ
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Viernes, 24 de Agosto de 2018
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Fue la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, quien quiso protagonizar la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno para dar la máxima importancia a un acuerdo ya tildado de histórico: la decisión de exhumar los resto del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, "sin perder un solo instante", apuntó.

Y la vicepresidenta del Gobierno hizo gala de su experiencia como catedrática de Derecho Constitucional para dar concreciones de este acuerdo que, según dijo, espera que sea llevado a efecto antes de final de año. En concreto, la intención del Gobierno, según apuntaron a Público varias fuentes de La Moncloa, es que si todo sale como está previsto se pueda celebrar el 40 aniversario de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, con los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos.

Calvo explicó que el Real Decreto Ley modifica dos aspectos puntuales de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con un objetivo político claro: cumplir con las indicaciones de Naciones Unidas, con la propia Ley de Memoria Histórica y con el pronunciamiento que hizo el pleno del Congreso de mayo de 2017, cuando ningún grupo se opuso a la exhumación.

Para Calvo, "es inasumible para una democracia” que un dictador esté en un mismo lugar y de forma preferente donde están las víctimas de ambos bandos y, añadió, en que esta misma situación supone el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Calvo explicó que el procedimiento administrativo se iniciará en un próximo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del próximo 31 de agosto, donde se iniciará la incoación del procedimiento.

Calvo indicó que se han tomado todas las garantías posible y, a partir de esa fecha, se requerirá a la familia para que, en el plazo de 15 días, para personarse en el procedimiento y realizar todas las alegaciones que consideren. En dicho plazo, los familiares podrán comunicar el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de reinhumanación.

En el caso de que existieran discrepancias entre los familiares o no manifestaran su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministro decidirá el lugar para su nueva inhumación, asegurando “una digna sepultura”, aseguró la vicepresidenta.

El procedimiento tiene un plazo de caducidad máximo de doce meses, pero el Gobierno cree que no será necesario agotarlo. Además, dio por hecho que el Estado tiene mecanismo suficientes para que la Iglesia no pueda impedir la exhumación, y que el acuerdo adoptado hace muy complicado que se pueda prolongar el proceso.

 

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Perspectiva Ciudadana