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Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
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Sábado, 25 de Julio de 2015
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A la espera de que se publique el informe de la ONU sobre los abusos sexuales de las tropas de paz durante sus misiones -en dicho informe parece que se asegura que se trata de "una práctica habitual"- y conozcamos las auténticas dimensiones del problema, podemos considerar que se trata de un auténtico escándalo agravado por las circunstancias en las que dichos abusos se producen: soldados enviados por Naciones Unidas para ayudar a la población durante un conflicto intercambian alimentos u otro tipo de productos por sexo o directamente violan mujeres y niñas.

Los últimos casos conocidos son los abusos sexuales a menores cometidos por soldados enviados por Francia a la República Centroafricana durante 2014, que también "se están investigando", así como supuestas torturas infringidas por cascos azules sobre niños,  o los abusos cometidos por cascos azules en Haití o Liberia.

En un informe elaborado por Naciones Unidas y publicado por varias agencias internacionales se recoge el testimonio de más de doscientas mujeres haitianas que reconocieron que habían mantenido relaciones sexuales con los soldados a cambio de alimentos, medicinas u otros bienes de consumo, como zapatos, ropa o incluso dinero.

En Colombia se ha producido un auténtico escándalo tras conocerse que soldados norteamericanos mantuvieron relaciones sexuales con menores de edad, grabaron dichos encuentros sexuales en video y después los videos fueron vendidos o distribuidos por internet.

La respuesta de las autoridades norteamericanas ha sido la habitual en este tipo de caso: proteger a sus soldados asegurándoles la inmunidad diplomática, lo que ha enfurecido aún más a la opinión pública colombiana.

Pero no sólo los norteamericanos impiden que se castigue a los culpables como se debería: los "castigos ejemplares" -el entrecomillado corresponde a unas declaraciones del portavoz de la Misión de la ONU en la República Centroafricana- que impone Naciones Unidas a los militares que cometen estos delitos se limitan a repatriarles a sus países de origen "y prohibirles volver a servir en las misiones de Naciones Unidas para siempre". Nada menos. Ejemplar castigo, desde luego.

En la mayoría de los casos no hay juicio porque son los países de los que proceden los cascos azules quienes tendrían las competencias judiciales, que no ejercen, ni hay indemnizaciones a las víctimas, aún siendo éstas menores.

La ONU tiene actualmente 125.000 cascos azules cumpliendo misiones de mantenimiento de paz en todo el mundo, y tan sólo se han denunciado 51 casos de abusos y explotación sexual durante 2014, una cifra que muchas organizaciones humanitarias consideran ridículamente pequeña y que no refleja para nada la realidad.

Lo más grave es que este tipo de violencia sexual y física viene sucediéndose de forma reiterada a lo largo de los últimos años: ya en 2007 Naciones Unidas reconoció haber investigado a 319 cascos azules por abusos sexuales entre enero de 2004 y noviembre de 2006.

Y en 2007 se investigaron trece casos de violaciones en Sudán, tras denuncias reiteradas de que cascos azules y funcionarios de la ONU violaban a menores en el sur del país. Al menos 20 niñas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con soldados de la misión de paz de nacionalidad bengalí.

En 2012 la propia ONU reconoció tener las manos atadas para aplicar justicia, ya que correspondería ejercerla a los países de los que proceden los soldados, y como ya hemos dicho, éstos no suelen hacerlo. En este sentido el subsecretario general para Operaciones de Paz de la ONU, pidió endurecer las sanciones. Tres años después, la situación continúa igual.

Si cualquier abuso sobre la población indefensa y vulnerable de un país en conflicto es odioso, lo es más si estos abusos son cometidos por aquellos que han sido enviados para proteger a dicha población.

Si se trata, además, de abusos sexuales sobre menores, rebasa cualquier tipo de límite. Intercambiar comida por sexo es absolutamente miserable y exige una respuesta de los países que envían soldados a estas misiones de paz.

Naciones Unidas debe exigir tolerancia cero a este tipo de comportamientos, y debe obligar a los países que envían soldados a misiones de paz que se comprometan a investigar, juzgar y condenar a quienes perpetran semejantes crímenes sobre poblaciones indefensas y vulnerables y reparar, en su caso, a las víctimas.

Perspectiva Ciudadana