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Roque González
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Martes, 06 de Agosto de 2019
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Uruguay es un país del que se suele tener una idea vaga, adjudicándole un par de rótulos estereotipados —lo mismo nos sucede en toda América Latina: no nos conocemos, a pesar de compartir el idioma.

Hace poco se cumplieron 189 años de la independencia del Uruguay y esta semana se acaba de producir la mayor inversión en toda la historia de la nación charrúa —este último adjetivo se refiere a la población originaria más representativa de este país—. A partir de esta excusa, daremos un somero vistazo al Uruguay.

En principio, debemos saber que este país fue parte del Virreinato del Río de la Plata —es decir, de lo que (en gran parte) es actualmente la Argentina—. Cuando en 1810 se produjeron los primeros gritos de independencia en esta región, Uruguay —la “Banda Oriental”, como se la llamaba— seguía siendo una provincia de la futura Argentina.

Más aún: en 1821 Brasil se anexa el Uruguay —tras variadas incursiones cariocas que se venían produciendo desde 1816—, creando la “provincia cisplatina”.

Más allá de las distintas defensas militares ensayadas en contra del invasor, desde Buenos Aires partirá la avanzada uruguaya —los “Treinta y tres orientales”, posteriormente, un símbolo patrio—, junto con los militares argentinos para expulsar a los brasileños. Tras un par de años de batallas, los brasileños debieron retirarse de Uruguay.

Sin embargo, una mediación británica —bajo la tradicional dinámica del “divide y reinarás”— propone la independencia uruguaya, luego de que Argentina ganara en las armas la reincorporación de su provincia.

El presidente argentino pro-británico, Bernardino Rivadavia, así lo aceptó, produciéndose posteriormente levantamientos militares en la Argentina debido, entre otras cuestiones, a esta deplorable decisión diplomática.

Este antecedente marca la histórica y estrecha relación del Uruguay con los vaivenes políticos y económicos de la Argentina hasta la actualidad: así, en ambos países coincidieron en períodos históricos muy similares ciclos de bonanza, de recesión, de expansión de la actividad productiva —se llegó a conocer a Uruguay como la “Suiza de América Latina”—, de contracción económica, de baja pobreza y de crecimiento de clases medias mayoritarias y cultas, de la declinación de esta dinámica social, de guerras civiles, de democracia oligárquica, de dictaduras, de guerrillas, de represiones varias, de Estado de Bienestar, de neoliberalismo.

Sin embargo, con la última gran crisis argentina, aquella ocurrida entre fines de 2001 y gran parte de 2002 —y que también se replicó en Uruguay—, el país charrúa comenzó a cortar la marcha histórica casi sincrónica con su vecino rioplatense: si desde 2013 y 2014 la Argentina vive una creciente crisis económica y social —potenciada por el gobierno de Mauricio Macri desde 2016—, en Uruguay ello no sucede: desde 2002 se fue dando un ciclo de expansión económica y reducción de la pobreza, aunque con altibajos.

En 2005 el Frente Amplio (FA), una agrupación de partidos progresistas, llegó al poder, después de muchos años de infructuosos intentos.

Allí desempeñarían la primera magistratura Tabaré Vázquez, José “Pepe” Mujica y, nuevamente, Tabaré —como lo conocen mayormente en Uruguay, país en donde los períodos presidenciales duran cinco años, sin posibilidad de reelección (es decir, de ejercer dos períodos consecutivos).

Durante las administraciones del FA se logró reducir fuertemente la inflación y la pobreza —pasando de un pico cercano al 30 por ciento en 2006 al 8 por ciento existente en la actualidad—, a la vez que la economía y el empleo aumentaron.

En este período se produjeron las medidas más conocidas a nivel internacional, como la despenalización del aborto, del consumo de marihuana y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en Uruguay la matriz neoliberal no quedó atrás, sino que se la continuó.

Si bien en este país se da uno de los PBI per cápita más altos de América Latina, también sus precios al consumidor son de los más altos a nivel subcontinental, en muchos casos, similares a los de países de Europa occidental, en un contexto de precarización laboral, tercerizaciones, privatizaciones y salarios magros —con un poder adquisitivo que apenas supera el que tenían los trabajadores en la crisis de 2002.

A su vez, el 8 por ciento de pobreza necesita mayor análisis: cerca del 22 por ciento de la población uruguaya posee al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que para la población negra la situación empeora. Para este sector demográfico, la pobreza asciende al 18 por ciento, mientras que el 42% tiene insatisfecha al menos una necesidad básica.

Es decir, que en Uruguay se da un racismo invisible pero institucionalizado: sólo el 2.7% de los ingresantes al servicio público estatal fueron personas negras —teniendo en cuenta que este magro porcentaje implica un crecimiento de más del 100% con respecto a años anteriores—.

Vale a aclarar que sólo el 8 por ciento de los uruguayos se reconoce como perteneciente a la población negra: en este contexto de racismo velado, muchos descendientes de población afro niegan sus raíces.

Por su parte, durante los gobiernos del Frente Amplio también se ejerció represión en contra de distintas protestas sociales —es recordada la ejercida por “Pepe” Mujica hacia los alumnos del Liceo 70—, así como también se garantizó impunidad para los genocidas de la dictadura militar —varios ministros, tanto de Tabaré como de “Pepe” Mujica, reivindican hasta el presente la represión del gobierno militar hacia los movimientos izquierdistas durante la década de 1970—, se celebra la liberalización económica —el actual canciller se alineó con Bolsonaro y Macri, congratulándose por el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que disminuirá la protección a los sectores productivos del Uruguay—, y se refuerza activamente la primarización de la economía —basada en el extractivismo, con producción de muy bajo valor agregado.

Es en este último punto en donde hay que contextualizar la noticia que se dio esta semana: se produjo en Uruguay la mayor inversión extranjera realizada en toda su historia. En efecto, la multinacional finlandesa UMP invertirá tres mil millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de pasta celulosa destinada a la industria de fabricación de papel —ya existe otra en Uruguay—.

Este tipo de fábricas son llamadas comúnmente “pasteras”, y se dedican sólo a talar pinos y procesar la celulosa de sus troncos; de allí se obtiene una pasta sin mayor valor agregado que se envía a Finlandia, en donde la procesan y convierten en papel.

A su vez, el Estado uruguayo fomenta la plantación de pinos desde hace varios años para fomentar este sector, lo que muchos llaman “desiertos verdes”, debido a que desplazan otros cultivos y actividades productivas, y consumen múltiples nutrientes del suelo.

Uruguay viene modificando leyes y normativas a la medida de la finlandesa UMP: la empresa realizará alguna inversión en infraestructura de tendidos ferroviarios y caminos por los que se transportará la pasta celulosa desde los campos uruguayos hacia los puertos de alta mar; sin embargo, la mayor parte del gasto en infraestructura correrá por parte del Estado uruguayo —alrededor de 2200 millones de dólares—.

Por otra parte, a petición de UMP se inundarán zonas productivas al elevar la cota de la represa Rincón del Bonete.

En resumen: un país con un buen marketing político internacional y que festeja la liberalización económica, en un contexto de pauperización de sus habitantes, es dependiente de un monocultivo y pone a disposición de una empresa multinacional la infraestructura del país.

Roque González es sociólogo e investigador, exconsultor de la UNESCO.

Perspectiva Ciudadana