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Susana Merino
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Miércoles, 27 de Marzo de 2019
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Varios son los motivos por los que podríamos llamar de este modo a la República de Haití y a la isla que comparte con la República Dominicana.
 
Pese a que ambas forman parte de una muy peculiar formación orográfica y de haber surgido de los mismos antecedentes de la conquista española, sus destinos han enfrentado avatares cualitativamente diferentes.
 
Haití es una joya valiosa pero abandonada a un impredecible destino pese a que su carácter de negra la hermana bastante a su vecina y territorial condómina.
 
No existen entre ambas límites geográficos definidos sino solo una frontera imaginariamente trazada de unos casi 300 km de extensión.
 
Haití ocupa apenas unos 27 mil km2 de la isla, que en su totalidad tiene una superficie apenas superior a los78 mil km2, es el tercer país más extenso de las Antillas y también el tercero más densamente poblado con alrededor de 300 hab/km2.
 
La mayor parte de su población vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, con menos de dos dólares por día según el índice de desarrollo humano de la ONU   del año 2017, un indicador que, a diferencia del anterior que solo medía el desarrollo económico de los países, tiene actualmente en cuenta la salud, la educación y los ingresos.
 
Se ha estimado también que el 20% más rico de los hogares dispone del 64% de los ingresos totales del país y el 20% más pobre solo del 1%.
 
Por otra parte, más del 80% de quienes padecen pobreza extrema vive en zonas rurales dependiendo en su mayor parte de la agricultura y de la pesca tradicionalmente organizadas en pequeñas explotaciones de subsistencia.

 

El territorio haitiano, sin embargo, no siempre fue estéril e improductivo. Su superficie ha sido sistemáticamente devastada por una permanente e intensiva explotación que llegó a reducir su superficie forestal desde un 60% a principios del siglo pasado al 2% actual.

Su deterioro se ha visto mucho más agravado a causa de las reiteradas tormentas tropicales que la asolan, al fenómeno del huracán Matthew de octubre del 2016 y en términos geológicos al terremoto que destruyó gran parte de su precaria infraestructura urbana en enero del 2010 y que afectó además gravemente a sus comunicaciones, a su precario sector industrial y a sus servicios amén de los estragos causados por la epidemia de cólera introducida por un contingente de Cascos Azules de la ONU que dejó miles de muertos y cientos de miles de afectados como lo admitió, por primera vez, Naciones Unidas en setiembre de 2016.

La inestabilidad política y más específicamente la inoperancia y la falta de compromiso de sus gobernantes con el país y con su pueblo, reiteradamente involucrados en hechos conflictivos y nada transparentes, ha contribuido a configurar un panorama difícil, aunque imperiosamente necesitado de transformación ya que de otro modo se estima que su población estará condenada a seguir siendo, junto a la de algunos pocos países africanos, la más pobre del planeta.

Actualmente el sector textil es el único que aporta el 90% de su PBI a través del 75% de sus exportaciones, pero otro de los sectores que por su explotación sin límites ha contribuido al deterioro general de la economía del país ha sido el de la producción y el consiguiente gran consumo de carbón vegetal (culpable de la deforestación) incentivado por el alto costo de los combustibles derivados del petróleo.

Alguien calculó, supongo que un tanto humorísticamente, que la cantidad de toneladas de carbón vegetal que consume anualmente el país es equivalente al peso de 90 mil elefantes de tamaño mediano.

Por lo tanto, no resulta incoherente que su población carezca no solo de un nivel de vida aceptable sino que registre altos índices de morbimortalidad y de analfabetismo como lo muestran algunas de las siguientes cifras: la tasa de mortalidad por cada 1000 nacidos vivos es del 72%, la mortalidad infantil por cada 1000, 54%, la de menores de 5 años, 77% valores a que contribuye especialmente la carencia de asistencia sanitaria, de políticas de salud pública y de educación que de existir contribuirían a reducir estos índices y a elevar el nivel de vida de sus habitantes.

El doctor Audie Metayer, responsable del sector de diálisis del hospital de la Universidad de Haití, declaraba hace poco tiempo que solo existen ocho nefrólogos en todo el país, incluido él mismo, para los 11 millones de habitantes del territorio haitiano, todos residentes en su capital Port-au-Prince.

Tampoco existen enfermeras especializadas y los tratamientos posibles no están al alcance de la mayoría de sus habitantes.

Gran parte de las enfermedades infantiles, diarreas, neumonías, desnutrición, intoxicaciones, no alcanzan a ser tratadas a lo que debe agregarse la falta de escolarización de la población de chicos y chicas que son incorporados al mundo del trabajo, en gran parte al doméstico en donde se los conoce como restavèks.

Procedentes de familias con menores ingresos son generalmente enviados a convivir con familias de mayor nivel económico con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados a cambio de realizar tareas domésticas.

Aunque no existen estadísticas precisas se calcula que existen entre 225 mil y 300 mil chicos trabajando en esas condiciones.

El Código laboral haitiano no establece una edad mínima en el empleo para el servicio doméstico si bien fija en 15 años la edad mínima para trabajar en empresas industriales, agrícolas y comerciales.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya le ha reclamado a Haití la penalización del empleo de niños en el servicio doméstico.

Por estas y similares razones, según un informe de Human Rights Watch, uno de cada dos haitianos de 15 años o mayor es analfabeto ya que existen más de 200 mil menores que no están escolarizados.

Además, la calidad de la educación es sensiblemente baja porque el 90% de las escuelas son privadas y regulan aranceles inalcanzables para la mayoría de las familias.

El mismo Comité de la ONU ha instado al gobierno haitiano a establecer mayores controles y supervisión en materia educativa para que se exijan adecuados niveles de calidad en los establecimientos privados y que se requiera a esas empresas rendición de cuentas sobre aranceles y salarios.

De este modo y por la falta de políticas públicas que garanticen niveles de vida medianamente aceptables, los problemas existentes se retroalimentan permanente y recíprocamente y a medida que pase el tiempo requerirá más esfuerzos establecerlos, una situación que exige nuestra atención como parte inescindible de nuestro ser latinoamericano y de nuestro compromiso con la construcción colectiva de un mundo en que quepan todos los mundos.

Perspectiva Ciudadana